“La Escuela es Nuestra” construye por la libre
Jessica Rosales
El programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN), creado para mejorar la infraestructura y el equipamiento de planteles educativos, otorga recursos económicos directamente a los comités escolares antes de ejecutar las obras, sin que exista un requisito público y estricto de presentar un plan técnico aprobado por autoridades estatales o federales.
De acuerdo con las Reglas de Operación 2025 publicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Diario Oficial de la Federación, el subsidio se entrega a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), integrados por padres de familia y personal docente, quienes deciden en qué invertir el dinero: rehabilitación, ampliación, equipamiento, horario extendido o servicio de alimentación.
Sin embargo, al revisar la normativa, no se encontró ningún apartado que condicione la entrega de los recursos a la aprobación previa de un plan de obra, dictamen estructural o autorización técnica, lo cual ha generado controversia sobre la transparencia y seguridad de los proyectos.
Según los documentos oficiales del programa, disponibles en laescuelaesnuestra.sep.gob.mx y el portal de la Secretaría de Gobernación (sidof.segob.gob.mx), los subsidios se otorgan con base en la matrícula del plantel, sin necesidad de comprobar previamente un proyecto técnico.
Los montos establecidos varían entre 200 mil y 600 mil pesos, dependiendo del número de alumnos. Una vez depositado el dinero, el CEAP tiene la facultad de decidir la acción a realizar, contratar la obra y administrar los fondos.
Esto significa que el recurso se entrega antes de que exista una supervisión técnica formal o una validación estructural de seguridad, dejando en manos de la comunidad escolar la responsabilidad de gestionar permisos municipales y contratistas, así como de garantizar la calidad de la obra.
Si bien las Reglas de Operación mencionan que las “acciones de construcción o ampliación” deben considerar la modificación física y el acondicionamiento adecuado de las instalaciones, no se detalla ningún procedimiento técnico obligatorio para autorizar la obra, licitación o supervisión antes de que el dinero sea liberado.
Esto implica que, en la práctica, la supervisión o los dictámenes de seguridad pueden depender de la comunidad o del comité escolar, lo que deja espacios para errores técnicos o, en el peor de los casos, negligencia.
Especialistas en infraestructura educativa ya ha advertido que la falta de requisitos técnicos antes de liberar recursos podría derivar en obras inseguras, materiales inadecuados o estructuras sin revisión profesional, especialmente en comunidades rurales donde no hay personal calificado o supervisión constante.
El diseño comunitario del programa busca fomentar la participación ciudadana y reducir intermediarios, pero también ha debilitado los mecanismos de control y rendición de cuentas que garantizan la seguridad de los alumnos y trabajadores, riesgo que hoy se exhibe tras la muerte de un estudiante de una escuela de Coahuila.
