El ICAI no se extingue, se transforma
MIGUEL VILLARELLO
A 20 años de su creación, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) enfrenta su mayor reto: sobrevivir a la desaparición del INAI y a la ola de reformas que lo arrastran hacia una transformación profunda. Mientras en el Congreso local se trabaja para armonizar la ley estatal con las nuevas disposiciones federales, persiste la incertidumbre sobre el destino del organismo que ha garantizado más de 220 mil solicitudes de información y resuelto 16 mil recursos de revisión en dos décadas.
Como parte de este proceso, el Congreso del Estado de Coahuila ha iniciado formalmente la homologación constitucional obligatoria en materia de transparencia y protección de datos personales, en cumplimiento con la reforma federal publicada el 20 de diciembre de 2024. Esta adecuación responde a la entrada en vigor de las nuevas leyes generales emitidas el 20 de marzo de 2025 y busca fortalecer el derecho al acceso a la información desde un enfoque de coordinación, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
El nuevo modelo establece que cada poder público y organismo autónomo deberá atender los recursos de revisión a través de sus propios órganos internos de control, mientras que la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas será la instancia encargada de garantizar este derecho en el Poder Ejecutivo y los municipios, y de la cual se analiza que pueda depender el ICAI mutando de un organismo autónomo a un órgano desconcentrado.
Aunque las autoridades insisten en que el derecho a la información se mantiene como fundamental, gratuito y universal, las voces críticas advierten que esta reestructuración podría debilitar los mecanismos de vigilancia y aumentar los riesgos de opacidad institucional, por lo cual hacen un llamado a una reforma responsable que continúe garantizando el derecho a la información y protección de datos personales.
Transparencia en cifras: ICAI ha recibido más de 220 mil solicitudes y resuelto 16 mil recursos en dos décadas
Tan solo en el año 2024, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) atendió 11 mil 528 solicitudes de acceso a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de las cuales 1,624 correspondieron a municipios como Saltillo, Torreón y San Pedro.
Si se toma ese promedio de 11 mil solicitudes anuales como base, en dos décadas el ICAI habría recibido más de 220 mil solicitudes de acceso a la información desde su creación en 2004.
En cuanto a los recursos de revisión, de los 177 sujetos obligados en Coahuila, 104 fueron objeto de este tipo de procedimientos durante 2024, acumulando un total de 819 recursos: 382 contra ayuntamientos, 123 contra el Poder Ejecutivo y 128 dirigidos a organismos autónomos.
Respecto al desempeño de las personas comisionadas, el promedio de recursos de revisión atendidos por cada una se sitúa en 275 al año. En 2024, la comisionada presidenta Dulce María Fuentes resolvió 316 recursos, mientras que Javier Díez de Urdanivia y Berta Isela Mata atendieron 252 y 251, respectivamente.
Proyectando esta tendencia sobre los últimos 20 años, se estima que cada comisionado habría atendido aproximadamente 5 mil 500 recursos de revisión. Al englobar el total, se calcula que el Consejo General del ICAI ha resuelto alrededor de 16 mil 380 recursos en dos décadas, consolidándose como el organismo garante del acceso a la información en el estado.
De acuerdo con la ley, el Consejo General del ICAI está integrado por tres personas comisionadas, sin embargo, solamente una ejerce la función y es la actual Presidenta del Consejo General, Dulce María Fuentes Mancillas, ya que las otras dos comisiones, a cargo de Berta Icela Mata Ortiz y Javier Díez de Urdanivia, concluyeron sus funciones luego de siete años en noviembre del 2024.
Desde entonces y a la fecha, las tareas de ambas comisiones, según lo estipula la Ley de Acceso a la Información, son atendidas en sesiones públicas por las directoras del Área Jurídica y la Oficialía Mayor.
La falta de designación de personas comisionadas del Instituto se debe a que influyeron los cambios federales en cuanto a la desaparición o transferencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para “pasarlo” a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Coahuila garantiza continuidad del derecho a la información: Comisionada
La presidenta del Consejo General del ICAI, Dulce María Fuentes Mancillas, informó que se trabaja de manera cercana con los Poderes Ejecutivo y Legislativo para armonizar la Ley General de Transparencia con las condiciones específicas de Coahuila. Reafirmó su compromiso institucional de preservar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, aun con los cambios derivados de la desaparición del INAI.
Fuentes Mancillas recordó que ya se publicaron las leyes federales para la extinción del INAI y sus reglamentos correspondientes, por lo que corresponde ahora a los organismos autónomos estatales y a los congresos locales adecuar sus marcos normativos. En este contexto, destacó que el ICAI cumplió en 2024 dos décadas de existencia, tiempo en el cual ha contribuido a transformar la cultura de la transparencia en la entidad.
“Es como cuando una persona entra a un restaurante y puede ver la cocina a través de un cristal. Esa visibilidad genera confianza”, dijo la comisionada, quien también comparó la transparencia con un vaso de cristal donde se observan con claridad los datos públicos y personales.
Subrayó que el ICAI no desaparecerá, sino que podría migrar hacia una figura de organismo desconcentrado, como se ha planteado a nivel federal, sin que ello implique la pérdida de los derechos adquiridos en materia de acceso a la información, gobierno abierto y protección de datos personales.
Uno de los principales retos, dijo, es garantizar que los municipios cumplan cabalmente con su Información Pública de Oficio (IPO). De los 38 municipios en Coahuila, 36 utilizan la plataforma del ICAI para alojar su información, lo que implica que el organismo también proporciona la infraestructura tecnológica para que puedan cumplir con sus obligaciones legales.
Finalmente, Fuentes Mancillas hizo un llamado a la ciudadanía, a los medios de comunicación y al sector académico a no dejar de consultar los portales de transparencia de los sujetos obligados en Coahuila, pese a los procesos de migración tecnológica de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Relajan municipios obligaciones de transparencia, advierte diputada
La diputada local, Zulmma Verenice Guerrero Cázares advirtió que, ante la inminente desaparición del ICAI, muchos municipios han relajado sus obligaciones de transparencia y no han actualizado su Información Pública de Oficio (IPO) en los portales digitales. Aunque no detalló qué ayuntamientos incumplen, aseguró que se trata en general de nuevas administraciones que no han publicado sus estados financieros, obras contratadas ni el uso de los recursos públicos al cierre del primer trimestre de 2025.
La legisladora señaló que, al cumplirse 100 días de gobierno en los 38 municipios de Coahuila, la UDC ha recibido quejas ciudadanas por la falta de información disponible en las páginas oficiales. Este incumplimiento, dijo, representa una falta grave en términos de acceso a la información y rendición de cuentas, por lo que exhortó desde el Congreso a que los alcaldes actualicen sus portales conforme a la ley.
Guerrero Cázares también expresó su preocupación por la desaparición del ICAI, ya que dejaría al estado sin un organismo autónomo que vigile el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Propuso, en su lugar, la creación de un organismo descentralizado que mantenga la garantía de derechos como el acceso a la información, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
Finalmente, destacó que el Congreso local —a través de las comisiones de Transparencia, Gobernación y Puntos Constitucionales— continúa trabajando junto al ICAI y expertos en la materia para armonizar la ley estatal con la legislación federal, en busca de una transición ordenada y funcional ante los cambios impulsados por la extinción del INAI.
Trabaja Congreso en la armonización
Con la desaparición del INAI y la eventual transformación del ICAI, los organismos que antes eran auditados por este último deberán asumir nuevas responsabilidades de fiscalización interna, señaló la diputada local Beatriz Fraustro Dávila. La reforma para armonizar las leyes de transparencia obligará a todos los poderes y dependencias, incluido el Congreso, a ser auditados por la Auditoría Superior del Estado bajo nuevos criterios y procedimientos.
La legisladora advirtió que será necesario modificar reglamentos y construir un nuevo marco jurídico que otorgue facultades claras a cada sujeto obligado. Explicó que se trabaja ya con la Junta de Gobierno legislativa para prever temas como la auditoría penal, de modo que, una vez desaparecido el ICAI, las dependencias operen correctamente.
“Lo que desaparece no es la transparencia, sino la figura que auditaba su cumplimiento”, señaló. Consideró que el ICAI era un órgano funcional, autónomo y con procedimientos claros que facilitaban la conciliación entre ciudadanos y entes públicos, y que su ausencia significará más carga operativa para los propios sujetos obligados.
Desaparición del INAI fortalece la opacidad: Jericó Abramo
El diputado federal Jericó Abramo Masso advirtió que la desaparición del INAI y su absorción por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno representa un retroceso para el acceso a la información en México. A su juicio, esta medida debilita la estructura institucional que durante años permitió a la ciudadanía exigir cuentas al poder público.
“Estamos dejando en manos de una sola persona —el titular de esa secretaría— la decisión de qué información se entrega, cuándo y cómo”, señaló. Para Abramo, esto abre la puerta a decisiones discrecionales y al ocultamiento de información, lo que afectará a medios de comunicación, investigadores y ciudadanos que buscan saber en qué se gastan sus impuestos.
Alertó que el nuevo sistema podría complicar el acceso a los datos públicos, pasando de un modelo funcional a uno burocrático y opaco: “Antes te enterabas en cinco clics; ahora puede que necesites más de 200 para encontrar la misma información”.
El legislador también criticó que los actuales comisionados del INAI queden integrados a la Secretaría de la Función Pública, perdiendo autonomía y subordinándose a intereses políticos. “La transparencia no debe depender del perfil del funcionario, sino de la ley y del sistema institucional que lo respalde”, afirmó.
Finalmente, advirtió que los medios y los ciudadanos tendrán que esforzarse aún más para acceder a información pública, pues el nuevo modelo no garantiza el mismo nivel de eficiencia ni de compromiso con la rendición de cuentas.
Transparencia nacional en jaque: caída de la PNT
En diversos foros ciudadanos, con dependencias públicas y medios de comunicación las personas comisionadas del INAI han advertido que la transparencia sufrirá una merma en sus funciones de hasta un 80% en su efectividad y consulta de datos como consecuencia de su proceso de migración o extinción.
Al accesar a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) aparece un aviso que indica que, a raíz de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación y la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del Reglamento Interior de Transparencia para el Pueblo, el nuevo organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “Transparencia para el Pueblo”, asume diversas funciones de lo que antes fue el INAI.
Derivado de ello se suspendieron plazos como recursos de revisión, denuncias de incumplimiento y recursos de inconformidad hasta principios de junio; también advierte que en el período abril-junio continuará la recepción de solicitudes de acceso a la información y la publicación y actualización de información pública de oficio correspondiente al primer trimestre del 2025.
Pero en definitiva resulta imposible consultar la Plataforma Nacional de Transparencia.
