Dobleces

Larga impunidad en caso EPR

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

A 19 años de la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, la responsabilidad institucional y moral del exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz y el exprocurador estatal, Evencio Nicolás Martínez, presunto autor material de la desaparición se encuentra entre el olvido y la complicidad de gobiernos del PAN, PRI y Morena.

De acuerdo con la versión de los familiares, “la simulación, apuesta al desgaste y al olvido”, ya que ni las reuniones en Segob desde el sexenio pasado ni en la actualidad, se tiene un indicio que lleve al paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez.

Y es que, en su momento, la SCJN “determinó que hubo una responsabilidad institucional en la desaparición de Edmundo y de Gabriel, pero además una responsabilidad compartida entre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca y la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez”, instituciones que habrían participado en un operativo en el que fueron desaparecidos los dos luchadores sociales

A más de seis años que se emitiera la orden de aprehensión en contra de Evencio Nicolás Martínez por su responsabilidad en la desaparición forzada de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, el gobernador extiende el manto de impunidad ante este crimen de lesa humanidad. Simplemente calla. A casi 20 años de distancia da un carpetazo político.

De acuerdo con testimonios y evidencias documentales a la una de la mañana del 25 de mayo de 2007, arribó el comandante Pedro Hernández Hernández a las oficinas de la policía Ministerial, en donde también se encontraban las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca acompañado del director de la Policía Ministerial, Daniel Camarena Flores; Juan José Ramírez (quien era el segundo al mando del Comandante Pedro); el encargado del Grupo de Robos, Abel Adán Morales López; Francisco Pascual Cervantes alias El Garapiñado; Dámaso Santiago Peralta alias El Tomadoy Samuel Alonso Lechuga Graniel alias El Chicharrón.

Los detenidos fueron ingresados por el Comandante Pedro a los separos sin autorización del comandante Gutiérrez Corro quien estaba de guardia. Ahí ambos se hicieron de palabras. De inmediato, el comandante Corro se levantó de su lugar, se dirigió hacia los separos y le exigió al comandante Pedro el oficio para meter a los detenidos; sin embargo, este último le contestó que era orden del Procurador, Evencio Nicolás Martínez. Ahí comenzó la confusión y el abuso de autoridad por parte del comandante Pedro Hernández. Los excesos y la impunidad entre autoridades tiene hasta la fecha un caso plagado de anomalías cometidas por servidores públicos, ahora, cobijados por la impunidad.

Distintas autoridades federales tienen documentado el caso de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, la CNDH, la Corte y Segob; sin embargo, hay un silencio cómplice y el crimen en contra de los eperristas es una cuenta histórica pendiente en la historia contemporánea.