Dobleces

Naranja contaminada

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Una debilidad del partido Movimiento Ciudadano es el manejo de los temas medioambientales. El problema se agrava al tener, en este caso, gobernadores sin la idea sólida de trabajar de manera adecuada en los temas verdes. El gobierno de Samuel García es ejemplo claro de esta inconsistencia.

El cierre de la pedrera Matrimar en Cerralvo se convirtió en un conflicto de grandes dimensiones para Samuel García. Por un lado se encuentran integrantes del partido naranja como Baltazar Martínez Montemayor, alcalde de Cerralvo, y su hijo, Baltazar Martínez Ríos, dirigente estatal de MC, quienes tienen nexos empresariales ligados a la pedrera y eso ya genera un conflicto para el partido dirigido por Jorge Álvarez Máynez. Además, del sector empresarial que advierte malas decisiones derivadas de una política ambiental errática impulsada por Raúl Lozano Caballero, secretario del medio ambiente estatal.

Ahora, a este conflicto político-ecológico se suma la crisis ambiental que enfrenta el Área Metropolitana de Monterrey es un fenómeno complejo y multifactorial que difícilmente puede explicarse, y mucho menos corregirse, con la clausura de una sola empresa, por más simbólica que resulte. El efecto del cierre de Matrimar fue mediático para Samuel García, pero insuficiente en resultados ambientales.

De acuerdo con registros del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), en diciembre pasado, las concentraciones de partículas PM2.5 en la zona metropolitana quintuplicaron los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud y casi triplicaron la norma federal, mientras que las PM10 duplicaron los parámetros nacionales. A ello se suman factores como un parque vehicular que rebasa los dos millones de unidades; una movilidad colapsada por la falta de vías eficientes y por obras inconclusas ligadas al Mundial 2026; así como la actividad de industrias pesadas, acereras y cementeras que históricamente han aportado a la carga contaminante. 

En ese contexto, los industriales advierten que focalizar el discurso ambiental en casos aislados, como el de la pedrera Matrimar, propiedad de los hermanos Martínez Gutiérrez, desvía la atención del fondo del problema. Reconocen que la industria extractiva y otras actividades deben cumplir la ley y mejorar sus prácticas, pero subrayan que no son, ni de lejos, las principales responsables del deterioro del aire. 

Al mismo tiempo, se ha instalado en el sector la percepción de que la política ambiental del Gobierno estatal se ha entrelazado con objetivos recaudatorios. Empresarios señalan que inspecciones y sanciones no solo provienen de la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero, sino también de dependencias como Protección Civil, la Secretaría del Trabajo y áreas de fiscalización municipal, con criterios que varían de un caso a otro. 

A ello se suma la aplicación del llamado impuesto verde y otros cobros administrativos que, según las propias empresas, no siempre pasan por el SAT estatal ni por procedimientos hacendarios formales, lo que alimenta la idea de discrecionalidad y presión económica más que de regulación técnica. Así como toma de decisiones políticas por parte del gobernador Samuel García y con un deficiente carácter técnico.