Convicciones

El robo de la dictadura de Nicaragua a la Iglesia Católica

Rubén Aguilar Valenzuela

La revista Confidencial, dirigida por el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, desde el exilio obligado, semanas atrás ha publicado la investigación El gran robo de la dictadura: 39 propiedades confiscadas a la Iglesia católica en Nicaragua, estudió exhaustivo sobre esta acción criminal de la dictadura que encabeza Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Desde febrero de 2022, la dictadura ha confiscado al menos 39 propiedades a la Iglesia católica y organizaciones de laicos, el conteo de estas propiedades corresponde a los bienes que lograron verificarse con evidencia en datos públicos y fuentes abiertas. El total de los bienes robados es mayor.

Entre los bienes confiscados hay escuelas y universidades que fueron fundadas o eran administradas por la Iglesia, terrenos, fincas y haciendas, residencias religiosas, casas pastorales y oficinas, entre otros inmuebles.

En las propiedades confiscadas que lograron verificarse se confirmó un mismo patrón de robo y usurpación, que incluye rebautizar los bienes como supuestas “nuevas” obras públicas en un intento de legitimar los robos.

Las confiscaciones se ejecutan tras la cancelación de la personería jurídica de las congregaciones o fundaciones religiosas. El régimen las acusa de “obstaculizar el control y la vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro”.

Sin embargo, omite que, en muchos casos, es el Ministerio del Interior (antes Ministerio de Gobernación) el que se niega a recibir la documentación. Y al cancelarlas, sin derecho a ningún tipo de apelación, ordena el traspaso de sus bienes a nombre de la dictadura.

A noviembre de 2025, de las 39 propiedades confiscadas, la dictadura había ocupado y reinaugurado 22 lugares confiscadas a la Iglesia católica en Nicaragua, con un mismo patrón de usurpación.

Los robos no son hechos aislados sino parte de la política de la dictadura que busca desmantelar las estructuras de servicio social y educativo de la Iglesia católica, que son centros que generan conciencia y pensamiento libre, que incomoda al régimen.

Las 39 propiedades confiscadas pertenecían a nueve congregaciones religiosas, cinco diócesis o divisiones administrativas de la Iglesia católica y tres fundaciones o grupos de laicos.

De las nueve congregaciones religiosas confiscadas, la Compañía de Jesús es la más afectada. A los jesuitas los despojaron de al menos nueve propiedades a nivel nacional, incluyendo la Universidad Centroamericana (UCA). El argumento: acusarla, lo que resulta ridículo, de ser un centro del “terrorismo”.

Los jesuitas son la única congregación que ha denunciado públicamente el robo de sus propiedades. La estrategia general de la Iglesia y de las congregaciones afectadas ha sido la de no protestar, para evitar más represalias de una dictadura que acumula ya varios años de persecución en contra de la Iglesia.

Y mientras los robos continúan, la dictadura se autodefine como “cristiana” y “solidaria”, a la vez que acusa a la Iglesia de estar formada por “malvados” y “demonios” “disfrazados de religiosos”, y celebra sus robos como “triunfos del pueblo”.

@RubenAguilar