Violencia vicaria; infancias en peligro

VICTOR BARRÓN

Invisible, pero profundamente devastadora, la violencia vicaria es empleada para referir la acción de hombres o mujeres y sus familias con el fin de sustraer hijos menores e impedir el contacto con la expareja, además de usarlos como medio de control, amenazas y daño hacia la otra persona. Se trata de una conducta delictiva que de igual manera vulnera los derechos de los niños, quienes se vuelven un medio de agresión y ven afectada su estabilidad emocional.

En Coahuila, el marco legal reconoce esta forma de violencia. El Código Penal establece en el artículo 265 que este delito se sigue por querella, mientras que los artículos 251 y 252 Fracción VII, en su caso fueron modificados en 2023 con el propósito de enfatizar esta modalidad de violencia. Mientras que en materia Civil o Familiar, la Ley para la Familia en el Estado de Coahuila en su artículo 437 refiere las causas de suspensión del derecho de la patria potestad y el 647 aborda lo correspondiente a la violencia familiar, ambos estableciendo el marco legal relativo a la violencia vicaria.

México a su vez cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuyo artículo 6 Fracción VI contempla la violencia vicaria entre los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer y el país también ha suscrito instrumentos y tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en 1998 y la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y que México firmó en 1990.

Pero en la práctica, los desafíos que se desprenden del mencionado tipo de violencia son muchos desde la perspectiva de las víctimas, activistas e investigadores del tema; en tanto, mujeres, hombres y niños victimas de esta violencia continúan sufriendo el dolor de una herida que sigue abierta a nivel de la familia y de la sociedad.

El maltratador deja infancias rotas y mujeres víctimas, alerta activista

Para Ariadne Lamont Martínez, coordinadora de la colectiva Justicieras por Nuestras Infancias, organismo que desde hace cuatro años brinda acompañamiento gratuito a mujeres víctimas de la región Laguna en torno a la violencia vicaria, señaló que se trata de una de las formas de violencia más perversas que existen, pues viene precedida de otras formas de agresión como son la física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y deriva en la antesala del feminicidio, que es la violencia vicaria.

“Va dirigida no directamente a la mujer, sino a hacer a esa mujer pegándole en lo que más le duele. ¿Y qué es lo que más le duele? Sus hijos e hijas, entonces, al quitarle sus niños, están cometiendo la violencia vicaria”, manifestó.

Y la razón de que este círculo sigue repitiéndose, advirtió Lamont Martínez, está ligada a un entorno de protección hacia el varón, lo que se traduce en violencia institucional en contra de las mujeres.

En ese contexto, paralelamente a la exigencia de resolución, actuación con perspectiva de género y de anteponer el interés superior del menor, la activista subrayó que se debe fortalecer el diálogo interinstitucional a nivel de las instancias de procuración de justicia y el Poder Judicial, de modo que se investiguen los antecedentes del hombre, esto para evitar que la custodia de los hijos termine en manos del agresor y además, las autoridades deben visibilizar a las infancias con visión a futuro y tomar en cuenta el impacto que la falta de atención habrá de generarles en su vida adulta.

“Nadie lo piensa y sí, es un problema de salud pública, porque niños tan sufridos siempre van a estar enfermos de algo; madres que están sufriendo, siempre van a estar sufriendo de algo, es un problema de salud pública, que ahora van a tener que pagarle psicólogo, a lo mejor psiquiatra, una buena alimentación”, expresó Ariadne Lamont.

Desde su conformación hace cuatro años, Justicieras por Nuestras Infancias ha realizado paradas cívicas, ruedas de prensa, bloqueos de calles y cierre de instituciones, documentado y brindando acompañamiento en 15 casos de violencia vicaria en la comarca lagunera.

En cinco de esos casos se logró la restitución de los menores y entre estas historias se encuentra la de Nallely y su hija Sherlyn.

Cinco años robados: la batalla por recuperar a Sherlyn

El 28 de marzo de 2019, la niña Sherlyn fue sustraída a la edad de dos años en el municipio de Matamoros y durante cinco años con meses permaneció retenida por la familia de su papá, Francisco “N”; lo que significó una lucha en la que Nancy Nallely Salazar Romero, madre de la niña, sufrió diferentes tipos de violencia y, lejos de bajar los brazos, su inquebrantable voluntad le permitió volver a reunirse con su hija el 12 de agosto de 2024.

“Primero sufro violencia familiar, aguanté bastante tiempo con mi pareja, después lo más importante, pues sufrí violencia vicaria (…) En ese trayecto fui víctima de diversos delitos, mis principales agresores fue mi ex marido, su familia en contubernio para violentarme y también fui víctima directamente del estado porque sufrí violencia institucional y vino la ola de denuncias de falsas acusaciones en mi contra, me denunciaron por fraude, por delito de robo, por amenazas y así se le dio la atención a cada uno de estos procesos, en los cuales yo considero que no me rendí, por eso estoy aquí contando mi historia”, externó.

Nallely mencionó que en el lapso que fue oculta, la menor fue violentada en su derecho a la educación y la salud, así como al de vivir en familia, sin embargo, ese antecedente permitió reconstruir más rápido el lazo madre-hija una vez lograda la restitución de la menor, quien aparentemente había sido influenciada para formarle una imagen errónea sobre su mamá.

“Sí me genera grande emoción, grande satisfacción de haber salvado a mi hija. Desafortunadamente, el corazón de una madre no se equivoca y yo sabía que mi hija no estaba bien en esa familia y me hubiera gustado equivocarme de que ella sí estuvo bien, le dieron una vida digna (…) Y es una guerra que no se termina, porque nosotros a pesar de recuperar a mi hija, no estamos tranquilos, no estamos en paz, seguimos en persecución por parte de esa familia, tan es así, que el estado tuvo que brindarme escolta para mi protección. Porque yo ahorita, tal vez estoy dando mi testimonio aquí, pero no sé que vaya a pasar conmigo, si vaya a ser como cualquier activista de las que están alzando la voz no nada más por uno mismo, sino por las demás personas y vaya a aparecer muerta porque les incomoda que yo diga mi verdad”, manifestó.

Se trata de un escenario de revictimización, consideró Nallely, toda vez que a más de cinco años de lo sucedido no se ha hecho justicia y los presuntos responsables se encuentran prófugos.

Los menores pagan el costo más alto del conflicto entre adultos: Pronnif

En función de la política de atención de un organismo como es la Procuraduría para Niñas, Niños y la Familia (Pronnif) de Coahuila, independientemente del daño que la violencia vicaria y figuras como la alienación parental pueden provocar entre adultos, lo importante desde el enfoque de los derechos humanos de la niñez, el menor es la principal víctima en ese contexto.

La procuradora María Teresa Araiza Llaguno indicó que en este tipo de casos, Pronnif promueve por encima de todo un concepto como es la mediación familiar.

“No puede ser un divorcio un lugar en donde sean dos bufetes de abogados poniendo trabas, haciendo sufrir al niño, haciendo sufrir a la niña, aconsejando. Y hablo muy en lo general, hay casos muy específicos donde hay una violencia muy fuerte detectada, evidentemente no hablo en donde los niños son abusados físicamente o sexualmente, en donde eso va diferente con denuncias penales con quien lo hace”, explicó.

Afirmó que en ese sentido, Coahuila presenta un gran avance donde cuenta con ministerios públicos especializados en niñas y niños, con la incorporación del Juzgado Especializado en Adopciones por parte del Poder Judicial del Estado de Coahuila, así como una serie de medidas por parte del DIF Coahuila, de modo que en el momento actual es posible empezar a generar cambios y establecer lineamientos en los que la niñez es el centro.

“Y tratar de evitar esos juicios dolorosos, brutales y desgastantes; los niños no pueden ser un objeto (…) Entonces, ha habido cambios y tenemos que ir a ese cambio, nosotros si tú dices de Procuraduría qué pieza, poner en el centro a los niños, escucharlos, apoyarlos, pero también apoyar a papá y mamá también para que no lleguen a esos desgastes de litigio tan impresionantes”.

Y a la par de ese trabajo que incluye a los padres, Pronnif ha participado en espacios de colaboración con la Fiscalía Especializada en Niños, con jueces y magistrados, escuchando todas las voces, pero sobre todo a la voz rectora que es la del menor, en la búsqueda de crear soluciones efectivas ante el fenómeno de violencia vicaria y sustracción.

Caso Durango exhibe vacío legal tras cambio de identidad de género

Al referirse al caso de Cristian “N”, ciudadano que cambió su identidad de género en Durango, presuntamente para evadir el pago de pensión alimenticia y que se volvió mediático a principios de este 2026; la fiscal general de la vecina entidad, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, señaló que ese mecanismo legal no le da acceso a la persona a ser juzgada con perspectiva de género en el proceso en materia familiar que lleva con su ex pareja.

“Lo que se protege es el derecho del niño, volvemos a lo mismo, los papás dicen Es que es mi derecho a convivir con el niño, no, es el derecho de los niños a convivir con ambos progenitores. Esa persona lo hizo mediático, lo generó con finalidad de obtener beneficios y que cualquier tema donde fuera imputado, por no cumplir con pensión alimenticia o por un hecho de violencia que fuera denunciado, se le juzgara con perspectiva de género”, subrayó.

De la Garza Fragoso hizo hincapié en que aquí el perjudicado es el menor y en esta situación lo que se privilegia es la perspectiva de infancia y no la de género.

Por otro lado, en cuanto a la demanda por sustracción de menores en contra de la madre de la niña de 4 años, la fiscal señaló que la pareja llegó al punto en que están judicializadas ambas partes y puede tratarse de una situación en la que comparten la patria potestad, más no la guarda y custodia, lo que suele terminar en hacer una petición al juez para que autorice la salida del menor, incluso si sale únicamente unos días de la ciudad con la otra parte.

Y mientras la titular de la Fiscalía General de Durango sostiene que el estado ha trabajado en la homologación de todos los criterios que establecen las leyes federales y siempre privilegiar los derechos de las infancias, el giro legal que dio el proceso que involucra a Cristian “N” siembra dudas sobre las lagunas en términos de impartición de justicia que existen en México, lo que en el trayecto vulnera y debilita la protección del interés superior de la niñez.