Vinculan a proceso a Esthela ’N’ por violencia vicaria
Miguel Villarello
En lo que sería el primer caso relacionado con el delito de violencia vicaria y obstrucción parental para la convivencia con hijos, Esthela Guadalupe “N” fue vinculada a proceso bajo el expediente 1249/2026, mediante el cual, según datos de prueba aportados por el Ministerio Público, por haber sido practicada en contra de sus hijos menores.
No obstante, la persona juzgadora de la causa decretó llevar la audiencia de vinculación de manera privada, pues estaba involucrada la integridad de menores, procedimiento que se extendió por más de 6 horas este lunes.
Aunque se encontraba enfrentando el proceso en libertad, bajo una orden de resguardo domiciliario en Saltillo como medida cautelar, el juez de la causa determinó vincularla a proceso y retiró esa medida. Le otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, por lo que será a finales de marzo cuando se lleve a cabo la audiencia de continuación del caso y se le impuso como medida cautelar adicional de presentación periódica ante un juzgado en la ciudad de Colima, donde actualmente reside junto con sus hijos.
El asunto llamó la atención en el Centro de Justicia penal porque, por parte de ambas personas, denunciante e imputada, acudieron colectivos, familiares y amistades a reiterarles su apoyo.
Johnny “N”, quien denunció la obstrucción parental para la convivencia con sus hijos, llegó acompañado de varias personas y familiares del colectivo Padres por la Verdad; mientras que por parte de la madre, imputada y vinculada a proceso, acudieron la directora de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar, y el Obispo Emérito Raúl Vera López, además de familiares y personas ligadas a la comunidad religiosa.
Mientras el Obispo Emérito permanecía algo apartado de los grupos, la directora de la Fundación Luz y Esperanza posteó en la página oficial de su red social que consideraba “excesiva y desproporcionada la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria impuesta a Esthela por un caso de obstrucción parental y violencia familiar”.
Medida cautelar que consideró había sido impuesta por la persona juzgadora influida por la presión mediática de un grupo conformado en Saltillo y que promueve la convivencia de papás con hijos sin considerar de manera integral el contexto de la violencia.
A nombre del colectivo demandó la práctica de perspectiva de género en este caso y señaló que en los últimos 20 años no se había visto que se impusiera igual medida con la misma severidad a violentadores.
