Coahuila frente a la tragedia de las desapariciones: la reconstrucción institucional en medio de la violencia
Juan De León / Jessica Rosales
La violencia que azotó a México entre 2008 y 2012 abrió una enorme herida en el país y Coahuila no fue la excepción. Desapariciones, ejecuciones y ataques atribuidos a grupos criminales principalmente, llegaron a regiones enteras del estado; municipios como Allende, Piedras Negras, Nava, Sabinas y la región Laguna quedaron marcados por hechos de extrema violencia, infiltración criminal y colusión de autoridades.
A diferencia del resto del país, desde 2011 Coahuila reconoció la crisis; aceptó públicamente su magnitud y replanteó políticas, instituciones de seguridad y mecanismos de procuración de justicia para enfrentar la desaparición de personas, la violencia extrema y la violación de derechos humanos, además de iniciar un proceso para reconstruir la relación con las víctimas.
Esto derivó en una ruta transexenal que permitió continuar con este trabajo, colocando a Coahuila como una de las entidades que más transformaciones institucionales ha impulsado en México para enfrentar este delito.
De esto dan cuenta informes oficiales; evidencias periodísticas; cifras, estadísticas y documentos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila; de la Subprocuraduría para Personas Desaparecidas, además de testimonios de integrantes de colectivos integrados por familiares de personas no localizadas.
EL PANORAMA ACTUAL
Una radiografía muy clara del trabajo que Coahuila ha consolidado de 2011 a la fecha en la materia, se describe en el documento entregado por el Estado mexicano al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED), en este 2026, dentro del procedimiento activado por el artículo 34 de la Convención Internacional y que coloca a Coahuila entre los casos relevantes de México en materia de atención, búsqueda e investigación de personas desaparecidas.
Al fenómeno de la desaparición de personas, señala el texto, Coahuila respondió con un marco normativo que combina instrumentos federales y estatales, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como los Protocolos Homologados de Búsqueda e Investigación, el Protocolo para Niñas, Niños y Adolescentes (PABNNA), la Alerta AMBER y el Protocolo Alba (aplicación del sistema local sujeta a activación federal).
En el ámbito estatal, describe el texto, en diciembre de 2018, se publicó la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece el Mecanismo Estatal de Coordinación y tiene por objeto “establecer la coordinación entre el estado y sus municipios para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.
“En 2018 se creó la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila de Zaragoza (CEBCZ) y en materia de atención a víctimas, Coahuila cuenta con una Ley de Víctimas, vigente desde 2014, que establece medidas de atención, protección y reparación integral con enfoque de derechos humanos, además de una Ley de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas, vigente desde 2014”, cita el escrito.
El documento da cuenta además de que en noviembre de 2024 se aprobó un Programa Integral para Mejorar la Calidad de Vida de las Familias de Personas Desaparecidas, que establece un marco de atención institucional único a nivel nacional.
EL CAMIINO
El reto no fue menor: el combate a la violencia no podía desligarse del respeto a los derechos humanos y el estado adoptó una postura autocrítica que llevó a subsanar omisiones y fortalecer la atención a las víctimas.
La administración estatal que entonces encabezó Rubén Moreira, (2011-2017), se abrió incluso a escuchar opiniones de organismos nacionales e internacionales expertos en la materia para tomarlas como herramientas para construir y rediseñar estrategias institucionales.
La ruta, se describe de forma muy clara en el documento publicado en agosto de 2016, “Respuesta del Estado de Coahuila de Zaragoza al Informe: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society, https://coahuila.gob.mx/archivos/pdf/Publicaciones/Docs%20consulta/Informe-Open%20Society%20Foundations-web.pdf
El proceso iniciado en 2011, llevó a la creación en enero de 2012, de una Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila (actualmente conocida como Fiscalía para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila, cuyo primer titular fue Juan José Yáñez Arreola.
Como parte del fortalecimiento al marco legal, el 21 de febrero de ese mismo año, en sesión del Congreso del Estado se aprobó la creación de nuevos tipos penales tales como: Desaparición forzada de personas, Facilitación delictiva, Circular con placas sobrepuestas, Utilización de vehículos, uniformes, insignias o equipo oficial con fines ilícitos cometido por servidor público y por particular, Simulación de vehículos, uniformes, insignias o equipos oficiales pertenecientes a los cuerpos de seguridad pública, Usurpación de funciones de seguridad pública, Prestación de servicios de seguridad privada sin autorización, y Simulación de retenes oficiales. https://www.congresocoahuila.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2014/11/20120221.pdf
EL CRIH
A esto se sumó la creación de protocolos de búsqueda; bancos genéticos; exhumaciones masivas y mecanismos de identificación humana. En 2019 fue puesto en marcha en Saltillo, el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) con una inversión estimada en 149 millones de pesos, financiados con fondos federales y estatales.
Sus resultados son medibles. Hasta octubre de 2024, el Centro había logrado 121 identificaciones positivas. Para enero de 2026 la cifra oficial llegaba a 164 personas identificadas mediante procesos científicos y forenses.
EL CASO ALLENDE
Uno de los casos más emblemáticos vinculados al tema de desaparecidos y la presencia de Los Zetas en Coahuila fue el de Allende. Los hechos ocurrieron en marzo de 2011, cuando integrantes del grupo criminal irrumpieron en viviendas de Piedras Negras y ranchos de familias en la región de los Cinco Manantiales, provocando desapariciones y asesinatos masivos.
En el mismo año 2011, a partir de la apertura de investigaciones especializadas, se designaron fiscales exclusivos para atender el caso, con acciones concretas como entrevistas con familiares, reconstrucciones de hechos, pruebas periciales y declaraciones ministeriales que permitieron establecer responsabilidades y ubicar lugares donde presuntamente fueron ejecutadas e incineradas las víctimas.
En julio de 2016, el entonces Procurador de Justicia del Estado de Coahuila, Homero Ramos Gloria, compareció ante el Congreso del Estado, en donde rindió un informe de los avances hasta esa fecha, de la investigación del caso, como lo documentaron diversos medios de comunicación, entre ellos Milenio. https://www.milenio.com/policia/no-habra-impunidad-en-hechos-de-allende-y-pn-pgje
Entre las conclusiones, Ramos Gloria informó que producto de las investigaciones realizadas hasta esa fecha, se tenían contabilizadas 28 víctimas y que de acuerdo a testimonios, pruebas periciales y confesiones, se determinó que 11 de ellas fueron privadas de la vida y de 17 se desconocía su paradero.
Un censo levantado en el municipio, arrojó que 48 viviendas fueron destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas.
Consecuencia de estos actos, se libró orden de aprehensión en contra de las siguientes personas:
- María Guadalupe Avalos Orozco, Ex Policía Municipal de Allende. (Orden de Aprehensión Cumplimentada)
- Jesús Alejandro Bernal Guerrero, Ex Policía Municipal de Allende. (Orden de Aprehensión Cumplimentada)
- También se libró orden de aprehensión en contra de Germán Zaragoza Sánchez, (Orden de Aprehensión Cumplimentada).
- Fernando Ríos Bustos (Detenido en el CEFERESO del Salto Jalisco)
- Gabriel Zaragoza Sánchez “El Flacoman” (Fallecido) y José Alfredo Jiménez Aguilar “El Pájaro” (Fallecido)
Los detenidos, informó el Procurador, enfrentarían proceso penal por el delito de Secuestro Calificado, con la modalidad de ocasionar un daño cometido en grupo y con violencia.
En noviembre de 2016, Germán Zaragoza Sánchez y Fernando Hernández fueron condenados a 80 y 75 años de prisión, respectivamente, por su responsabilidad en la masacre de Allende, según lo reportó el sitio digital Sinembargo.
Como parte del operativo de búsqueda, se localizaron 3,450 indicios óseos, de los que en 2,977 no fue posible determinar su origen ni obtener el ADN y 473 indicios eran analizados por la Unidad Científica de la Policía Federal.
Fruto de las diligencias ministeriales, se localizó a personas que estaban en calidad de desaparecidas, pero que en realidad huyeron a Estados Unidos o a otros estados del país.
A la par de las indagatorias, el caso Allende detonó acciones de atención integral a las víctimas.
ACCIONES LEGALES CONTRA LOS HERMANOS TREVIÑO MORALES
Las investigaciones sobre este caso están integradas en cuatro etapas; en la cuarta, los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales fueron vinculados a los crímenes cometidos en Allende. Las órdenes de aprehensión fueron giradas en septiembre de 2017, bajo el folio 011/2017 y nunca fueron ejecutadas, pues ambos hermanos fueron detenidos por fuerzas de seguridad federales. Miguel Ángel fue detenido en Anáhuac, Nuevo León y Omar en San Pedro Garza García, Nuevo León.
Ambas órdenes están vigentes.
EQUIPO CON FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
Uno de las decisiones más relevantes fue incorporar directamente a las víctimas y colectivos de familiares en la construcción de políticas públicas.
De forma pionera en el país, a partir de 2012 comenzaron reuniones periódicas entre autoridades estatales y organizaciones como FUUNDEC, Grupo VIDA, Alas de Esperanza y Familias Unidas en la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Testimonio de este esfuerzo, lo citado en la publicación de Thomas Aureliani: “A donde van los desaparecidos: La historia que necesitamos valorar, a 10 años de FUUNDEC-FUNDEM y que señala:“La capital de Coahuila se convirtió en la capital mexicana de la lucha contra las desapariciones de la “Guerra contra el narcotráfico”. Junto con el gobierno de Coahuila, que desde 2012 comenzó por fin a reconocer el problema y mostrar voluntad política, el colectivo y el Centro convocaron en junio 2013 al “Foro Internacional sobre Desaparaciones Forzadas e Involuntarias en México”.
Nadie había logrado unir a tantos familiares, funcionarios públicos locales y nacionales, representantes de organizaciones civiles e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos bajo un mismo techo para hablar del tema. Así, lentamente, la sociedad civil y las instituciones comenzaron a darse cuenta de la magnitud de la tragedia.
Aquí entonces, otro logro si bien menos visible: la sensibilización de las instituciones y la sociedad civil en el tema de las desapariciones.”
De este modelo de colaboración surgieron reformas legales consideradas vanguardistas y únicas en el país en esos momentos. Asimismo, se impulsó una nueva legislación en materia de desaparición y la expedición de la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada. Se creó el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas y la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, especializada exclusivamente en estos delitos.
Otro de los espacios relevantes fue la creación del Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), integrado por representantes de la academia, organizaciones civiles y organismos internacionales. Este grupo participó en la evaluación de políticas públicas y en la armonización legislativa conforme a estándares internacionales en materia de desaparición de personas.
PROCESOS JUDICIALES Y SENTENCIAS
El caso Coahuila también destaca por el número de procesos judiciales abiertos contra autoridades vinculadas con desapariciones.
Con información de la hoy Fiscalía General del Estado de Coahuila, a lo largo de los últimos años se documentaron investigaciones, imputaciones y sentencias contra policías municipales, mandos de seguridad y servidores públicos relacionados con desaparición forzada y secuestro.
La documentación judicial construida en Coahuila permitió integrar expedientes que hoy forman parte de investigaciones nacionales e internacionales sobre desapariciones en México.
A la fecha se documentan 86 imputaciones contra servidores públicos vinculados con delitos de desaparición forzada y secuestro, con condenas que van de los 25 hasta los 80 años de prisión.
Hoy, parte de esa historia está plasmada en expedientes, sentencias y procesos judiciales acumulados durante 17 años.
La revisión de los expedientes permitió identificar 77 causas penales, 170 víctimas registradas y 266 personas imputadas por delitos relacionados con desaparición y violencia extrema, en hechos ocurridos entre 2008 y 2025 en municipios como Saltillo, Torreón, Piedras Negras, Allende, Nava, Monclova y Francisco I. Madero.
Los registros muestran además la evolución de los delitos investigados: 34 causas corresponden a desaparición cometida por particulares, 19 a secuestro, 14 a homicidio simple, calificado o en grado de tentativa, 8 a desaparición forzada y 2 a privación ilegal de la libertad.
Las cifras también reflejan avances derivados de años de búsqueda e identificación forense. De las víctimas documentadas, 12 fueron localizadas con vida y 100 más fueron encontradas sin vida y posteriormente entregadas a sus familias.
DE LOS 266 IMPUTADOS, 86 ERAN AUTORIDADES
Los expedientes judiciales muestran el nivel de penetración de grupos criminales dentro de las propias corporaciones de seguridad pública.
De los 266 imputados, 86 son autoridades o integrantes de instituciones de seguridad: elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, integrantes del extinto Grupo de Armas y Tácticas Especiales Municipales (GATEM), policías municipales de Saltillo, Torreón, Nava, Allende, Monclova, Francisco I. Madero, Acuña y Piedras Negras, además de custodios penitenciarios y mandos operativos.
En el delito de desaparición forzada —que por definición implica participación directa del Estado— los 50 imputados registrados son todos servidores públicos. En las causas por secuestro, las investigaciones también alcanzaron a autoridades señaladas por colusión con grupos criminales.
En las vinculadas al grupo criminal de Los Zetas, la Fiscalía acreditó ante los tribunales la colusión de policías locales con la organización, lo que derivó en imputaciones formales contra elementos uniformados.
Las instituciones procesadas incluyen las Direcciones de Seguridad Pública Municipal de Saltillo, Torreón, Nava y Francisco I. Madero, además del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras.
Las condenas contra servidores públicos incluyen casos de alta relevancia. Dos elementos de la Policía Municipal de Saltillo recibieron sentencias de 45 años de prisión por desaparición forzada en la causa 11/2016.
Custodios del Cereso de Piedras Negras fueron condenados a entre 22 y 75 años de prisión. La causa del Cereso suma, en sus dos etapas procesales, más de una docena de sentencias ejecutoriadas.
En total, las 77 causas derivaron en 112 sentencias condenatorias, mientras 18 procesos continúan sin resolución definitiva.
LA CONTRAPARTE
En contraparte, todos estos esfuerzos encontraron una férrea oposición. Organizaciones presuntamente dedicadas a apoyar a familiares de víctimas, personas defensoras de derechos humanos y la propia delincuencia organizada buscaron taladrar el trabajo de instituciones y sociedad.
Es el caso del informe difundido por la denominada Federación Internacional de Derechos Humanos el 6 de noviembre de 2017, precisamente el día del último informe de gobierno de Rubén Moreira, titulado “Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila”, “Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río Texas” https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/11/2017/11/2017-HRC-coahuilareport-ES.pdf
LAS ZETAS… DE ZERMEÑO
Para legitimar su tesis de una presunta colusión entre el grupo criminal de los Zetas y el Gobierno de Coahuila, el documento exhibió una fotografía tomada en la falda del cerro que se ubica en la carretera libre Torreón-Saltillo, a la altura del tramo conocido como “La Cuchilla”. En el cerro se apreciaba una “Z” gigantesca.
Nada más falso. Era la “Z” de Zermeño, utilizada como símbolo de campaña y fue pintada en el año 2005 cuando Jorge Zermeño Infante fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) al Gobierno del Estado. El panista fue derrotado por el priísta Humberto Moreira, como lo consigna El Sol de la Laguna en noviembre de 2017. https://oem.com.mx/elsoldelalaguna/analisis/el-informe-del-escandalo-18729069
Además, la edición impresa del periódico Vanguardia de Saltillo, del 16 de agosto del 2005, aporta otros dos elementos: una nota publicada en su primera plana bajo el título “Llegan zetas a la naturaleza” y en donde de forma textual señala: “En una clara violación al Reglamento para la Colocación, Utilización y Distribución de la Propaganda Electoral, el equipo del candidato gubernamental panista, Jorge Zermeño Infante, ha comenzado a pintar enormes “zetas” en diferentes áreas de conservación natural. La “zeta” más cercana de Saltillo se encuentra pintada en un cerro ubicado a un costado de la carretera de cuota rumbo a Torreón, en el kilómetro 9.5, pasando la caseta 162, Plan de Ayala”.
A eso se suma la caricatura de su columna Politicón, en donde hace referencia al mismo tema.
URIBE, DE ACTOR DE TALK SHOW A TESTIGO PROTEGIDO
Otro ejemplo, es la referencia que hace el informe sobre el testimonio de Humberto Uribe Tapia ante un jurado del estado de Texas y en donde asegura haber entregado maletas de dinero a diversos funcionarios del gobierno de Coahuila de parte de los Zetas.
El informe omitió que luego fue descubierto que Uribe Tapia se dedicaba a “rentarse” como actor del conocido Talk Show norteamericano “Caso Cerrado”, en donde interpretó diversos papeles a cambio de unos 300 dólares por actuación. https://www.youtube.com/watch?v=k4i-coEKoHI
Parte de la desacreditación en contra del trabajo gubernamental en materia de seguridad y desaparecidos, fue la campaña contra las fuerzas de seguridad sobre todo estatales.
Mediante la violencia o la amenaza de ejercerla, controlaron y dirigieron la línea editorial de medios de comunicación para crear una narrativa encaminada a criticar y cuestionar especialmente al cuerpo élite de la Policía del Estado, llamado Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE), al que responsabilizaban de desapariciones y hechos violentos contra la población civil.
De esto se hace referencia el documento “Respuesta del Estado de Coahuila de Zaragoza al Informe: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” se señala: “Si bien es cierto, se ha denunciado el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) por desaparición y tortura, también lo es que se ha advertido que grupos criminales, particularmente el cártel de los Zetas, adoptaron como una práctica recurrente el uso de uniformes, equipo táctico e incluso vehículos apócrifos que aparentaban ser unidades oficiales del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) y de otras corporaciones, para realizar secuestros, extorciones, desapariciones y homicidios, como consta en diversas carpetas de investigación y de las notas periodísticas referentes a la detención de personas a las que se les ha encontrado estos objetos”.
El grupo fue disuelto en 2016 y sustituido por un nuevo modelo policial denominado Fuerza Coahuila, acompañado de procesos de certificación, controles internos y herramientas tecnológicas de supervisión. https://democratacoahuila.com/2016/01/04/adios-a-gates-y-acreditables-ahora-seran-fuerza-coahuila/
ALVARADO TAVIRA, OTRO CASO
Caso similar, el de Adolfo Efrén Alvarado Tavira, exgerente de Producción de Televisa en Piedras Negras, condenado a 30 años de prisión en los Estados Unidos y quien en calidad de testigo protegido declaró haber conocido sobre la entrega de una Suburban “atestada de maletas de dinero” para Rubén Moreira, entonces gobernador del Estado, versión descalificada por la administración estatal.
El documento “Respuesta del Estado de Coahuila de Zaragoza al Informe: Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” difunde la versión de lo testificado por Alvarado Tavira, pero omite señalar que era un delincuente confeso y que prestó testimonio para convertirse en testigo protegido
De acuerdo a lo declarado por Tavira, es importante destacar tres puntos:
La fecha en la que asegura que se dio la entrega de dinero “al gobernador Rubén Moreira”, éste último aún no era Jefe del Ejecutivo Estatal
El propio Tavira admitió no haber sido testigo presencial, sino de haber escuchado sobre los hechos antes descritos.
Tras toda una investigación oficial, cuyo expediente acumulaba más de 700 hojas, se concluyó que todo lo señalado por Tavira fue un montaje.
Actualmente se encuentra bajo custodia en Del Rio o San Antonio, Texas, en calidad de testigo protegido.
En Coahuila, hay una orden de aprehensión vigente en su contra, emitida el 12 de mayo de 2017, bajo la causa penal 549/2017, “por el hecho que ley señala como DELITO DE ULTRAJES A LA AUTORIDAD”.
ANTECEDENTES
Desde su desempeño como diputado federal (2009), Rubén Moreira criticó la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, por las afectaciones que ya impactaban a Coahuila en casos de inseguridad, violencia y desapariciones.
Además, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de diputados presidió el grupo plural de trabajo de la Cámara de Diputados que dio seguimiento al proceso judicial contra los funcionarios y alcaldes michoacanos detenidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, como queda establecido en una entrevista del entonces diputado federal y presidente del Grupo Plural de Trabajo de la Cámara de Diputados concedida al periódico Vanguardia. https://vanguardia.com.mx/coahuila/2904679-michoacanazo-dana-imagen-del-pais-ruben-moreira-MYVG2904679
Con el tiempo, gran parte de los detenidos fueron liberados por falta de pruebas, y el caso se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la llamada guerra contra el narcotráfico como lo consignó en su momento la Revista Proceso. https://www.proceso.com.mx/nacional/2010/1/29/liberan-12-exfuncionarios-relacionados-con-el-michoacanazo-11716.html
“DE LA SEGURIDAD ME ENCARGO YO”
En junio de 2011, en el marco de su campaña a gobernador de Coahuila, Moreira pronunció la frase que marcó además a su gobierno: “De la seguridad me encargo yo”, misma que reiteró en diciembre, al asumir como titular del Poder Ejecutivo Estatal. https://www.sinembargo.mx/180611/ruben-moreira-junio-de-2011-de-la-seguridad-me-encargo-yo-video/
