Asume suplente curul de Tony Flores

Zarza Aguilera

Tras la suspensión del diputado Antonio Flores por faltas injustificadas, su suplente Fernando Rodríguez asumió el cargo durante la sesión de ayer, donde respaldó la decisión tomada por el Congreso del estado y aseguró que se trata de un precedente histórico en la vida legislativa de Coahuila. Señaló que más allá de las ausencias, la sanción estuvo relacionada con la documentación exhibida durante el proceso y sostuvo que ningún representante popular puede exigir legalidad mientras incurra en violaciones a la ley. “Nunca se había sancionado a un diputado por estas faltas. El problema no son las faltas, el problema son los documentos que exhibió. No puede hablar un diputado de legalidad cuando viola la ley”, expresó. Afirmó que su llegada al Congreso representa la recuperación de un espacio para los ciudadanos que confiaron en el proyecto político que representa. “Hoy venimos a recuperar un espacio para los miles de coahuilenses que confían en nosotros. Los espacios legislativos son para legislar, para hacer leyes en favor de las familias, no para venir a hacer pan y circo”, declaró. Como parte de su primera participación legislativa presentó una proposición con punto de acuerdo para enviar un atento exhorto a los 38 cabildos municipales del estado y solicitarles que revisen el marco regulatorio vigente, los mecanismos de supervisión existentes y las condiciones bajo las cuales operan las empresas de grúas y corralones en sus respectivos municipios, con el propósito de prevenir abusos, fortalecer la rendición de cuentas y proteger el patrimonio de los coahuilenses. La revisión permitiría identificar posibles áreas de mejora en la regulación y vigilancia de estos servicios, que con frecuencia son objeto de quejas ciudadanas relacionadas con cobros excesivos, falta de transparencia y procedimientos poco claros. Señaló que el objetivo del exhorto es que los gobiernos municipales garanticen que las concesiones, permisos y esquemas de operación de grúas y corralones se apeguen a criterios de legalidad, transparencia y protección de los derechos de los usuarios.