Aprueba Congreso reforma electoral
Jessica Rosales
El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la reforma constitucional en materia electoral con la que Coahuila armoniza su marco jurídico con las modificaciones aprobadas a nivel federal, incorporando cambios que prohíben la reelección inmediata, establecen restricciones al nepotismo electoral y fortalecen los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género.
El dictamen, impulsado por los grupos parlamentarios de la Alianza Coahuila y la fracción parlamentaria del Partido Unidad Democrática de Coahuila, forma parte del proceso de adecuación de la Constitución local y del Código Electoral para dar cumplimiento a las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la prohibición de la reelección inmediata para diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, medida que entrará en vigor para los procesos electorales de 2030, conforme al calendario establecido en la reforma federal.
La propuesta también incorpora la prohibición del nepotismo electoral, con el propósito de impedir que personas con vínculos familiares directos con quienes ocupan un cargo público puedan sucederlos en determinadas condiciones, con el argumento de fortalecer la equidad e imparcialidad en las contiendas.
Otro de los ejes de la reforma consiste en adecuar la integración de los ayuntamientos a los nuevos criterios constitucionales, además de incorporar como principios obligatorios la paridad de género, la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de las instituciones públicas.
Asimismo, el proyecto establece la armonización de las disposiciones relacionadas con las remuneraciones de consejerías y magistraturas electorales, a fin de que sus percepciones respeten los límites previstos en la Constitución federal y se sujeten a criterios de austeridad y disciplina financiera.
Con esta discusión, el Congreso local avanzó en la actualización del marco constitucional y electoral del estado para alinearlo con las reformas federales aprobadas.
