“Que no se pierdan museos”
Jessica Rosales
Los tres hijos de Cintya Fuentes Lerma y Erik Morales, propietarios del Museo La Katrina, advirtieron que el conflicto familiar y legal que enfrentan sus padres tras su divorcio pone en riesgo la continuidad del recinto cultural y de los demás museos administrados por la familia, pero además denunciaron violencia familiar por parte de su madre, por lo que exigieron a las autoridades actuar con imparcialidad.
Durante una entrevista con Juan de León en el noticiero Fuerte y Claro de Grupo Región, Valeria, Erik y Sofía, acompañados por su padre, a quien respaldan en el proceso de divorcio, señalaron que decidieron romper el silencio porque consideran necesario difundir su versión del conflicto.
Lo anterior, tras afirmar que vivieron durante años actos de maltrato constante por parte de su madre y que las diferencias familiares han escalado hasta poner en incertidumbre no solo el futuro del patrimonio construido por ambos padres, sino su vida personal y su hogar.
Los entrevistados sostuvieron que su principal exigencia es que la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y las demás autoridades involucradas conduzcan las investigaciones con objetividad, valorando todas las pruebas y escuchando a todas las partes antes de emitir resoluciones. Afirmaron que no buscan privilegios, sino un proceso apegado a derecho.
Asimismo, relataron episodios que, según dijeron, constituyen violencia familiar y aseguraron que estos hechos dejaron afectaciones emocionales y personales. Indicaron que decidieron hacer públicas sus experiencias porque consideran importante que las autoridades conozcan el contexto completo del conflicto y no únicamente los procedimientos legales actualmente en curso.
Los hijos de la pareja rechazaron que el caso sea reducido a una disputa patrimonial o empresarial relacionada con el Museo La Katrina y los demás museos de la familia, al sostener que detrás del litigio existe una problemática familiar más profunda que, aseguran, debe ser analizada desde una perspectiva integral y con sensibilidad hacia las personas involucradas. No obstante, reconocieron que el conflicto ya genera incertidumbre sobre el futuro de estos espacios culturales.
Durante la entrevista reiteraron su confianza en que las instituciones actuarán conforme a la ley, aunque insistieron en que permanecerán atentos al desarrollo de las investigaciones y de los procedimientos judiciales para garantizar que exista igualdad de condiciones para todas las partes.
Finalmente, hicieron un llamado a que el caso no sea utilizado para generar juicios anticipados ni campañas de desinformación, y reiteraron que su única petición es que prevalezca la imparcialidad, el debido proceso y el acceso a la justicia para todos los integrantes de la familia involucrados.
