México, segundo país en crímenes contra personas LGBTI+
JESSICA ROSALES / RAÚL R. DE SANTIAGO
México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en crímenes contra personas LGBTI+, únicamente por debajo de Brasil, advirtió el Observatorio de Crímenes LGBTI+ durante la presentación del informe “Violencias que persisten: los crímenes por prejuicio contra personas LGBT+ en México 2025”, en el que se documentaron 115 casos de violencia ocurridos en el país durante el año pasado.
El estudio ha sido replicado y difundido por colectivos de Coahuila con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre la persistencia de las agresiones motivadas por prejuicio, así como de impulsar ante las autoridades la creación y el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a prevenir estas violencias, mejorar la atención a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
De los 115 casos registrados durante 2025, 59 correspondieron a asesinatos, 34 a desapariciones, 16 a atentados y seis a suicidios vinculados con contextos de discriminación, exclusión y violencia estructural.
En conjunto, los homicidios y las desapariciones sumaron 93 casos, equivalentes a 80.9 por ciento del total documentado, lo que significa que ocho de cada 10 hechos registrados correspondieron a las expresiones más graves de violencia contra integrantes de la población LGBT+.
El informe señala que las mujeres trans y los hombres gay continúan siendo las principales víctimas de los crímenes motivados por prejuicio. Sin embargo, también advierte sobre la invisibilización y el subregistro de las agresiones cometidas contra mujeres lesbianas y bisexuales, hombres trans y personas intersex.
Esta falta de información se relaciona con la ausencia de variables sobre orientación sexual e identidad de género en los sistemas oficiales de registro, además de las dificultades para identificar adecuadamente los motivos de las agresiones y establecer si estuvieron relacionadas con prejuicios contra las víctimas.
Los casos fueron documentados en al menos 23 entidades del país, lo que evidencia que este tipo de violencia no se encuentra limitado a una región específica, sino que tiene presencia en gran parte del territorio nacional.
El Observatorio también identifica las desapariciones como una de las tendencias más preocupantes, debido a que las familias y redes de apoyo enfrentan obstáculos institucionales para activar los mecanismos de búsqueda, presentar denuncias y obtener información sobre las investigaciones.
Familias sociales, un reto pendiente
Entre las problemáticas señaladas se encuentra la falta de reconocimiento de las llamadas familias sociales, integradas por amistades, parejas y redes afectivas de las víctimas, quienes en algunos casos encuentran limitaciones para participar en los procesos de búsqueda o solicitar información ante las autoridades.
El documento sostiene que los asesinatos, desapariciones, atentados y suicidios no deben analizarse como acontecimientos aislados, sino como parte de un continuo de violencia que puede comenzar con expresiones de rechazo, discriminación, hostigamiento y discursos de odio, hasta escalar a agresiones físicas y crímenes.
Por ello, el Observatorio plantea fortalecer los sistemas oficiales de registro, capacitar a servidores públicos, mejorar la investigación de los casos, garantizar mecanismos de búsqueda con enfoque diferenciado y desarrollar políticas públicas de prevención y protección con perspectiva de derechos humanos.
También destaca la necesidad de incorporar la atención a la salud mental como parte de las estrategias institucionales, al considerar que los suicidios pueden estar relacionados con contextos prolongados de rechazo familiar, exclusión social, discriminación y falta de acompañamiento.
La difusión del informe por parte de colectivos busca colocar estas violencias en la discusión pública y promover una respuesta coordinada entre sociedad, organizaciones civiles y autoridades, con acciones que no se limiten a atender los casos después de ocurridos, sino que permitan prevenirlos y combatir las condiciones de discriminación que los generan.
El observatorio también da seguimiento en Coahuila
En Coahuila, el informe es replicado y difundido por organizaciones que integran el capítulo estatal del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio. De acuerdo con Noé Ruiz Malacara, presidente del Colectivo San Aelredo, el propósito es sensibilizar a la sociedad sobre las distintas formas de violencia que enfrenta la población LGBTI+, además de promover entre las autoridades el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a prevenir estas agresiones y fortalecer la protección de los derechos humanos.
Explicó que el observatorio documenta los casos a partir del seguimiento de publicaciones en medios de comunicación. Inicialmente registraba únicamente asesinatos por presuntos crímenes de odio, pero con el paso de los años amplió su metodología para incluir atentados, desapariciones, otras expresiones de violencia y muertes relacionadas con afectaciones a la salud mental, con el propósito de ofrecer un panorama más amplio sobre las violencias que enfrenta esta población.
De acuerdo con el capítulo Coahuila, durante el periodo analizado el estado mantuvo un comportamiento estable. Se documentaron algunos atentados contra mujeres trans y dos casos de personas desaparecidas que posteriormente fueron localizadas con vida, uno en Monclova y otro en Saltillo, mientras que no se registraron asesinatos de personas LGBTI+ durante el periodo evaluado.
Ruiz Malacara agregó que la información recopilada también busca respaldar iniciativas legislativas pendientes, entre ellas la tipificación de los crímenes de odio en Coahuila, propuesta desde 2019, así como las iniciativas para incorporar las figuras de transfeminicidio y transhomicidio en la legislación estatal, con la expectativa que puedan ser retomadas por la próxima Legislatura.
