Dobleces
Debate de la seguridad
Israel Mendoza Pérez
La narrativa de la seguridad pública no se puede discutir con fanatismo estadístico. La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco, tiene enfrente un debate con visos de choque entre instituciones por el uso faccioso de los datos duros arrojados por la dependencia.
Un error actual es tratar a las cifras como dogma cuando convienen y como conspiración cuando incomodan. Eso ocurre con el debate en Guanajuato.
El contraste de cifras y el ruido mediático comienza a costar caro. Hay que decirlo con precisión: sí, el 68% que presumió la Federación parte de comparar el pico de febrero de 2025, con 12.7 homicidios diarios, contra mayo de 2026, con 4.1. Y sí, esa comparación puede ser discutible si se pretende vender como retrato total del fenómeno. Pero también hay otra realidad que algunos críticos prefieren esconder debajo de la alfombra: el propio reporte de la Red Estatal de Observatorios Ciudadanos reconoce que, en el primer cuatrimestre de 2026, el homicidio doloso más feminicidio bajó 54.69%, al pasar de 991 a 452 carpetas.
Es decir, la discusión seria no es si bajó o no bajó; la discusión seria es cuánto bajó y cuál es la manera más honesta de comunicarlo.
Lo que no resiste una revisión técnica es la pose de quienes quieren sembrar la idea que la estadística oficial se volvió ilegítima justo ahora. La misma base del SESNSP se ha usado durante años para exhibir la tragedia en Guanajuato. Con esos datos se construyeron diagnósticos, reportes, mesas de análisis, editoriales y condenas políticas cuando el estado rondaba los 13 asesinatos diarios. Hoy algunos cuestionan la validez del mismo instrumento. No, lo que está bajo sospecha no es la estadística; es la consistencia de ciertos analistas. El uso faccioso de datos o utilizar las dependencias para el golpeteo político confronta para el juego de la percepción ciudadana.
Eso no significa regalarle al gobierno una absolución propagandística. Guanajuato sigue cargando un problema muy severo. Mayo de 2026 todavía lo dejó en el primer lugar nacional de homicidio doloso. El propio reporte de observatorios advierte aumentos graves en robo de vehículo, violencia familiar, violación y lesiones dolosas. Reducir homicidios no equivale a haber pacificado integralmente la entidad.
La postura más seria, y también la más útil para el debate público, es otra: misma fuente, mismo rasero. Si el SESNSP valía cuando Guanajuato estaba en su peor retrato, tiene que valer cuando muestra una mejoría. Si se quiere cuestionar el 68%, se requiere el estudio técnico. El problema está en la selección del punto de comparación, no en inventar una manipulación sin probar un cambio real en la metodología.
En el fondo, la discusión de Guanajuato revela algo más profundo que una pelea por porcentajes. Revela la pobreza de un debate público en el que demasiados se suben al análisis de cifras no para entender la realidad, sino para administrarla políticamente. Cuando la cifra es mala, la exhiben como sentencia. Cuando la cifra mejora, la reducen a sospecha.
Y una democracia no mejora su conversación sobre seguridad cuando convierte los datos en trincheras. La mejora cuando exige de todos (gobierno, observatorios, medios y comentaristas) la misma disciplina intelectual: rigor para medir, honestidad para comparar y decencia para no torcer el estándar según convenga.
