Caen por secuestro empleados de financiera

Ricardo Ramírez

Elementos de Seguridad Pública en Acuña detuvieron a tres presuntos trabajadores de la financiera “Vale Amigo”, acusados de privar ilegalmente de la libertad a una mujer y someterla a presuntas amenazas e intimidaciones para obligarla a conseguir dinero o sacar aparados electrónicos a crédito con el fin de saldar una deuda superior a 45 mil pesos. Rosaura, la mujer presuntamente privada de la libertad, relató el martirio por el que atravesó derivado de las prácticas criminales que denunció en contra de esta empresa. De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, la mujer fue obligada a abordar un vehículo color plata, el cual fue localizado circulando sobre el libramiento Sur Poniente, lugar donde se llevó a cabo la detención de tres personas: dos mujeres y un hombre, quienes se identificaron como trabajadores de la empresa “Vale Amigo” y aseguraron que realizaban una diligencia de cobranza. Sin embargo, la mujer que viajaba a bordo de la unidad afirmó que se encontraba contra su voluntad y denunció haber sido víctima de tácticas de intimidación para cubrir una deuda de aproximadamente 48 mil pesos relacionada con su presunto adeudo con la financiera. Señaló además que la obligaban a acudir con amigos y familiares para solicitar préstamos y reunir el dinero. En caso de no conseguir la cantidad, dijo, pretendían llevarla a una tienda departamental Coppel para adquirir muebles y aparatos electrónicos mediante crédito por el monto exigido. Ante esta situación, los elementos de Seguridad Pública realizaron el arresto de los presuntos implicados, identificados como Daniel, de 51 años; Valentina, de 38; y Adriana, de 32 años. La mujer fue puesta en libertad, mientras que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de privación ilegal de la libertad y lo que resulte, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes. Rosaura, acompañada por el litigante local Lenin Pérez, denunció públicamente la forma en que opera la empresa, señalando que contratan hombres y mujeres para distribuir vales de micropréstamos a cambio de una comisión. Aseguró que posteriormente generan cargos sin fundamento, mantienen esquemas de cobranza agresivos y obligan a los promotores a cubrir montos completos de deudas adquiridas por terceros.