Dobleces

GIEI volver del pasado

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

La petición de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el 26 de septiembre de 2014, por la reincorporación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un retorno al pasado. El equipo designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014, tuvo aportaciones, pero también presentó fallas y terminó politizado.

El protagonismo de Carlos Beristaín y Ángela Buitrago fue un elemento que contribuyó a la politización del caso y no se apegó a los procedimientos técnicos. Incluso, el grupo de expertos, le dio un sesgo a la información que proporcionaban a la opinión pública y a los padres de los normalistas.

El caso Ayotzinapa se convirtió en el 68 para el PRD. Es innegable la responsabilidad histórica de ese partido político extinto y de sus dirigentes. Ahí estriba uno de los yerros de GIEI. El grupo de expertos independientes no entrevistó al exgobernador Ángel Aguirre Rivero, al exprocurador de Justicia del Estado, Iñaki Blanco Cabrera, ni al exsecretario general de gobierno, Jesús Martínez Garnelo, para integrar la investigación que llevaron a cabo sobre el Caso Ayotzinapa. La omisión fue relevante para la polarización y llevar el conflicto de los padres de familia a nivel nacional.

Y es que un elemento trascendental fue, que en un primer momento, la investigación por el Caso Ayotzinapa estuvo a cargo de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ya que esta dependencia fue la que hizo los interrogatorios a los primeros 22 policías municipales de Iguala detenidos. El GIEI lo dejó pasar y la versión local de los hechos la hizo de lado.

Para tomar relevancia utilizaron la confrontación con la PGR y las fuerzas armadas. Era más fuerte tener resonancia nacional con una confrontación con el Gobierno Federal, que indagar en el gobierno de Aguirre Rivero.

Los datos existentes también consolidan el sesgo por parte del GIEI, ya que de 941 solicitudes de información que se llevaron a cabo, en su momento a la PGR, por parte del grupo de especialistas, 85 por ciento fueron desahogadas. La colaboración existió por parte de las dependencias federales, pero el GIEI se fue por el camino de la responsabilidad del Estado y entrampó el debate.

El especialista en derechos humanos, Luis de la Barreda, escribió en agosto de 2023, que: “Si el GIEI en verdad hubiera querido ayudar a esclarecer el crimen contra los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, hubiera exigido, en primer lugar, que se atendiera la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida cuando aún era un organismo autónomo, principalmente en el punto en el que demanda que se envíen al laboratorio de Innsbruck, para su examen genético, 114 restos óseos recuperados en el basurero de Cocula”.

Ahora, está sobre la mesa el regreso de los investigadores Carlos Beristaín y Ángela Buitrago. Sin embargo, ya no hay elementos que contribuyan al esclarecimiento desde la visión del “nuevo GIEI”. La CNDH de Rosario Piedra tiene archivado, en el sótano, el expediente del caso Iguala, el PRD ya se extinguió y el exgobernador Ángel Aguirre lleva impune más de una década.

El regreso al pasado es riesgoso sobre todo cuando el grupo de especialistas está incompleto y los actores políticos de aquella noche trágica ya se encuentran fuera del reflector. El caso debe retomar el aspecto local, pero eso fue lo que desdeñó el GIEI y su regreso no daría certezas.