Ventanean a Jacobo por sus recurrentes viajes a Las Vegas
Redacción
El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez González, enfrenta una nueva polémica tras ser señalado en medios nacionales por presuntamente haber realizado viajes personales a Las Vegas, Nevada, con recursos públicos del Ayuntamiento.
La columna “República H”, publicada por la periodista Sofía García en El Heraldo de México, reveló que el edil fue visto en el hotel-casino Encore Las Vegas, un exclusivo complejo de lujo donde habría permanecido durante varios días en agosto de este año. Según la información difundida, los gastos del viaje podrían haber sido cubiertos con dinero del erario municipal.
El reportaje señala que los desplazamientos del alcalde no forman parte de ninguna comisión oficial ni fueron aprobados por el Cabildo, por lo que se presume que se trató de una visita de carácter personal. El texto también menciona la posible existencia de facturas, boletos y pólizas de gasto vinculadas a la Tesorería de Piedras Negras, las cuales podrían servir como evidencia en caso de abrirse una investigación formal.
De acuerdo con datos públicos del hotel Encore, las tarifas por noche durante la temporada alta oscilan entre 9 mil 500 y 25 mil pesos mexicanos, cifra que ha despertado críticas por el contraste con el discurso de austeridad promovido por el propio alcalde y el partido Morena.
El caso ha cobrado relevancia debido a que se suma a una serie de controversias que han marcado la gestión de Rodríguez González, incluyendo acusaciones de tráfico de influencias, favoritismo en la asignación de contratos, y recientes confrontaciones con reporteros locales.
En redes sociales, usuarios y ciudadanos de Piedras Negras expresaron su indignación por lo que consideran un abuso de confianza y una falta de congruencia con los principios de la llamada Cuarta Transformación. “No es posible que se hable de austeridad mientras se viaja a hoteles de lujo”, escribieron varios internautas.
De confirmarse el uso indebido de recursos públicos, el caso podría derivar en sanciones conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que contempla destitución del cargo, inhabilitación y sanción económica para los funcionarios que utilicen dinero del erario con fines personales.
