Camino a Valinor

“El amparo que ya no ampara”

José Inocencio Aguirre Willars
¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me lean.
En estos días, mientras el país mira distraído los noticiarios sobre inundaciones, pleitos políticos y pronósticos deportivos, en la Cámara de Diputados se discute —y en buena medida se aprueba— una de las reformas más trascendentes, pero también más silenciosas, de los últimos años: la reforma a la Ley de Amparo.
Para entender su alcance, vale recordar que el juicio de amparo es, quizá, el invento jurídico mexicano más importante. Nació para protegernos del poder. Es ese recurso que permite que un ciudadano común, sin influencia ni cargo público, pueda acudir ante un juez y decirle al Estado: “te estás pasando de la raya”. Es, literalmente, el escudo del individuo frente al abuso.
Sin embargo, la reforma que impulsa el actual gobierno plantea una redefinición profunda de ese escudo. Con el argumento que el amparo ha sido “mal usado” por grupos de poder o intereses económicos para detener obras públicas o litigios fiscales, la nueva ley restringe quién puede recurrir a él y en qué condiciones puede hacerlo.
El nuevo texto legal establece que solo podrá promover amparo quien demuestre una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”. Dicho de otro modo: si el daño no te afecta directamente, si tu perjuicio no es tangible o no distinto al del resto de la sociedad, tu voz deja de tener valor ante los tribunales.
Esto significa que causas colectivas —como las ambientales, las de salud pública o las de comunidades afectadas por megaproyectos— podrían quedar sin defensa efectiva. Antes, un grupo podía acudir a los jueces en defensa del interés común. Ahora, la puerta se cierra: si no puedes probar que el daño te toca en carne propia, no hay amparo que valga.
También se limitan las suspensiones del acto reclamado, esas medidas cautelares que impiden que el Estado ejecute un acto mientras se revisa su constitucionalidad. Sin ellas, las autoridades podrán seguir adelante con sus decisiones, aunque el juicio esté en curso. En la práctica, esto puede volver irreparables los daños causados por una obra pública, una expropiación o una sanción administrativa antes que el juez siquiera se pronuncie.
Los promotores de la reforma aseguran que con esto se busca “agilizar la justicia” y “evitar abusos” del amparo. Pero detrás de ese discurso hay una realidad más compleja: se está debilitando uno de los pocos contrapesos reales que tiene el ciudadano frente al Estado.
Porque, seamos claros: el poder abusa no solo cuando roba, sino también cuando calla al que reclama.
Y con una ley que encarece, complica o limita la posibilidad de ampararse, el ciudadano común queda en desventaja. No todos tienen un despacho jurídico a la mano ni los recursos para litigar ante un tribunal federal. El amparo era su herramienta mínima de defensa; quitarle alcance o accesibilidad es, en los hechos, un golpe a la justicia cotidiana.

Un cambio aparentemente técnico pero cargado de significado es la sustitución del concepto de “interés público” por “disposiciones de orden público”. Esta modificación puede parecer inocente, pero abre la puerta a que el gobierno defina discrecionalmente qué es de orden público y, por tanto, qué puede o no ser suspendido por un juez. En otras palabras, fortalece la mano de la autoridad, no la del ciudadano.
Para la mayoría de los mexicanos, el amparo puede sonar como algo lejano, un asunto de abogados. Pero su efecto es tangible en la vida diaria: el amparo es el recurso que ha frenado expropiaciones arbitrarias, cobros injustos, clausuras sin fundamento o normas que violan derechos humanos. Es la última línea de defensa cuando todo lo demás falla.
Si esa línea se debilita, el ciudadano queda expuesto. Y si además la justicia se vuelve más técnica, más digital, más exclusiva, corremos el riesgo que el amparo deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio.
México no necesita menos controles al poder, sino más. No requiere leyes que desconfíen del ciudadano, sino instituciones que confíen en su derecho a cuestionar.
La historia nos enseña que cuando se cierra la puerta del amparo, se abre la del abuso. Por eso esta reforma, más allá de sus buenas intenciones declaradas, representa un retroceso peligroso: el amparo que antes nos protegía, hoy corre el riesgo de convertirse en un amparo que ya no ampara.
Saludos a todas y a todos, y por aquí nos vemos la próxima semana.