Dobleces

Un tribunal lastimado

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Un caso de corrupción al interior del Poder Judicial de la Ciudad de México, pone en duda la fuerza y la solvencia moral del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, al frente de la institución. Justo en el periodo de renovación, en el tribunal, los escándalos rebotan en las estructuras operativas y sus aspiraciones de repetir en el cargo se escurren.

Y es que el juez interino del juzgado 32 civil, Roberto Landa Arenas y el magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eugenio Ramírez Ramírez, fueron denunciados por presuntos actos de corrupción. Detrás de este enredo de intereses económicos se encuentra el despacho de Víctor Olea Peláez. Señalado de practicar con laxitud el derecho y aprovechar las relaciones e influencias al interior de los juzgados.

Tras ser admitidas las denuncias, los expedientes contra los dos funcionarios del poder judicial de la Ciudad de México se encuentran en trámite ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, dependiente de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de esta entidad. Mientras, el poder judicial se desconfigura, Rafael Guerra se distrae con el lobbying interno y con medios para seguir en el cargo.

En la primera denuncia del 23 de mayo de 2025 se acusa al juez interino Roberto Landa Arenas y a su secretario de Acuerdos Enrique Hernández Cruz de haber eliminado un expediente físico –que es al único que tienen acceso las partes involucradas en un juicio en la Ciudad de México–, el acuerdo emitido por el mismo juez Landa el 26 de febrero de 2025 y publicado un día después, el 27 de febrero, en el Boletín Judicial de la Ciudad de México, para sustituirlo por una resolución del mismo juzgador en sentido contrario, lo que podría configurar delito de carácter penal.

El acuerdo “desaparecido” decretaba la caducidad de un juicio ejecutivo mercantil (1051/2019) entre el empresario Gerardo Tamez Tamez y José Cerrillo Chowell, y, al no haber sido impugnado por los abogados dirigidos por Víctor Olea Peláez, el caso no podría reabrirse. Sin embargo, que el juez Landa haya desaparecido su acuerdo original del 26 de febrero y sustituido por otro acuerdo también suyo en sentido contrario, con la misma fecha y que fue publicado en el Boletín Judicial de la CDMX el 4 de marzo, les permitió reabrir un proceso ya declarado caduco, en perjuicio a Tamez.

La segunda denuncia, del 17 de junio de 2025, fue contra el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez integrante de la Segunda Sala Penal del PJCDMX. Se le acusa de haber excedido sus atribuciones al negar admitirle a Tamez un recurso de apelación, y además negar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y con ello, también al resto de las fiscalías del país, la facultad para continuar las investigaciones contra el empresario José Cerrillo Chowell por un supuesto fraude que habría causado un daño por 828 millones 529 mil 547 pesos contra Gerardo Tamez.

De acuerdo con los denunciantes, el magistrado Ramírez Ramírez debió limitarse a resolver sobre la admisión o no de la apelación del caso, que era la materia de la impugnación, pero al bloquear las investigaciones, el magistrado habría incurrido en delito de prevaricación, es decir, había vulnerado el derecho de acceso a la justicia de Gerardo Tamez.

A la justicia en la CDMX le urge un cambio de estafeta desde la cúpula. Rafael Guerra tiene la oportunidad de oxigenar las estructuras anquilosadas y en otros casos empoderadas, antes de que el poder judicial de la Ciudad de México se convierta en un elefante reumático con añoranzas del pasado y una alternancia atorada.