Una empresa “fantasma” denominada “Refuerzo Económico”, de la que no se tiene registro oficial ante la Secretaría de Hacienda, Profeco o Condusef, y que se dedica a buscar clientes que quieran contratar un crédito automotriz fue detectada en Coahuila tras estafar a un saltillense al que le quitó, paso a paso, más de 70 mil pesos con la promesa de entregarle un vehículo de reciente modelo, a través de la misma agencia donde el cliente buscó asesoría.
Los hechos de los que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado trascendieron luego de que José “N”, la víctima de fraude, buscó ayuda legal para recuperar el dinero, cuando después de tres meses, los “Ejecutivos” de esta empresa, que operan desde la Ciudad de México, ya no respondieron sus llamadas.
José contó al abogado Pablo Aldaco Nuncio, del bufete Asesoría Financiera e Inmobiliaria en Saltillo, quien lleva el caso, cómo fue timado por Refuerzo Económico.
“Él llegó a una agencia de automóviles de aquí de la localidad para pedir los requisitos con la intención de comprar un carro. Junta los papeles, los ‘analizan’ y el mismo ejecutivo que lo atendió le dice que no es sujeto a un financiamiento, porque aparece en el buró de crédito. La información se queda ahí y José ya no insiste”, explicó.
Aldaco Nuncio mencionó que dos días después de que en la agencia automotriz le niegan el crédito, su cliente recibe una llamada del personal de esta empresa donde le informan que están enterados sobre su interés en obtener un crédito para comprar su automóvil, por lo que le ofrecen “gestionar” la autorización a fin de que logre su intención.
Es así como Refuerzo Económico le empieza a solicitar nuevamente papelería y con ello el primer depósito de cinco mil pesos por la apertura del crédito.
“Todo el trámite se hace por paquetería; luego de la apertura, en octubre pasado, a José le dicen que el crédito ya está autorizado y debe depositar el enganche; cuando se supone que ya está todo listo, nuevamente recibe una llamada para decirle que el crédito se amplió hasta 280 mil pesos, por lo que si quiere un modelo 2018, el depósito debe ser mayor. Lo que pasa después es que tras hacer todas las diligencias a mi cliente le quitaron 70 mil pesos”, comentó.
Aldaco Nuncio refirió que cuando tomó el caso empezó a investigar sobre la existencia de esta empresa, que supuestamente está constituida como Sociedad Civil de Capital Variable pero no encontró datos por ningún lado.
“Investigamos en la Secretaría de Hacienda, en la Condusef y también en el Registro Público de la Propiedad y la misma Profeco, pero no hay registros de su existencia; lo que nos lleva a concluir que es una empresa fantasma que se dedica a timar a las personas y a cometer fraude”, dijo.
El abogado sostuvo que tienen plenamente identificado al ejecutivo de la agencia local de automóviles que proporcionó los datos personales de su cliente e incluso ha platicado con la gerente del sitio aquí en Saltillo, quien le informó que desconoce el caso.
“Lo que nosotros pretendemos al dar a conocer esta información, es que no vaya a caer más gente en sus engaños, porque al parecer hay cuando menos otros cuatro casos que aún no denuncian, pero que fueron defraudados por presuntos ejecutivos que llevan a cabo todo el proceso de trámite”, explicó.
CÓMO OPERAN
De acuerdo al jurista, el modus operandi de este negocio es primero ponerse en contacto con los ejecutivos de las agencias automotrices que operan en esta capital y “negociar” con ellos los datos personales de los usuarios que ellos “desechan” por no cumplir con los requisitos.
Así, el gancho es decir, aquí no tiene posibilidades, pero tal vez a otra empresa que no pide tantos requisitos le interesa, luego a los dos o tres días reciben una llamada, donde otros ‘ejecutivos’ ofrecen las facilidades para obtener un crédito.
En el caso de José tuvieron que pasar más de tres meses, para que decidiera pedir asesoría legal y emprender una denuncia, que en este momento ya se integra en investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.
Aldaco Nuncio indicó que su despacho buscará también hacer trabajo de investigación y que ésta derive en una alerta por parte de la Comisión Nacional Bancaria, cuya obligación es sancionar este tipo de prácticas fraudulentas.