Una iniciativa en favor de las personas con trastornos mentales
ÁLVARO MOREIRA
Existen diversas personas o sectores de la comunidad que, debido a determinadas características, son más vulnerables a que sus derechos humanos sean violentados. Nos referimos, por ejemplo, a menores de edad en condiciones de maltrato, abuso o desamparo; mujeres en situación de violencia o explotación, personas migrantes, de comunidades indígenas, adultos mayores o personas con discapacidad, entre otras.
En todos estos supuestos, el Estado asume una política de atención y protección basada en la prestación de servicios de asistencia social para promover su desarrollo autónomo y ayudarlos a superar los efectos adversos de su situación.
Esta cobertura asistencial no ha integrado a las personas con trastornos mentales y sus familias pese a que, por sus condiciones, satisfacen los principales criterios de vulnerabilidad dado el estigma, prejuicios, discriminación, abuso y violencia a que muchos de ellos se enfrentan.
Vivir con un trastorno mental es un reto y, sin la atención correcta, puede alterar de forma grave el funcionamiento de las personas, su vida, relaciones familiares y entorno social.
Actualmente, la política implementada por el gobierno federal coloca mayores dificultades para quienes padecen un problema de salud mental. Al decretarse la desaparición de todos los hospitales especializados en psiquiatría del país y dejando la carga de su atención a los hospitales generales, han puesto en enorme riesgo el sistema de atención.
Así pues, si antes encontrar servicios públicos para recibir terapia psicológica o atención psiquiátrica era un verdadero desafío, hoy será casi imposible. Para quienes tienen un familiar en esa situación, el cuidarlo y buscar atención médica y farmacológica adecuada se ha convertido en todo un calvario.
Conscientes de esta problemática, hace unos días presenté ante el Congreso local una iniciativa para reconocer a las personas que padecen trastornos mentales y sus familias como sujetos que requieren la protección especializada del Estado mediante los servicios de asistencia social, con el fin de favorecer su autonomía y brindarles las herramientas necesarias para garantizar una vida digna y una mejor funcionalidad familiar. Con su próxima aprobación se les contemplaría como grupo prioritario, coadyuvando además a generar políticas más completas e integrales para fortalecer su dignidad e inclusión social.
Me despido de ustedes amigos, esperando reunirnos de nuevo, por este medio, la próxima semana. Que Dios los bendiga.
