Se agotó el dinero y la simulación

Saltillo, Coahuila / 31 agosto 2018

En el tintero

Por: Jessica Rosales

Ayer amanecimos con otra noticia que se ha vuelto recurrente y posiblemente común para las autoridades, pero jamás para los periodistas. Otro reportero fue asesinado, Javier Enrique Rodríguez Valladares, un camarógrafo y reportero del Canal 10 de Cancún.

Actualmente son 959 las personas sujetas al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y defensores de derechos humanos, y aunque las acciones radican -en algunos casos- hasta en desplazarlos a otros estados para alejarlos del peligro, brindarles alimento y cobijo; lo cierto es que muchos de ellos viven en la pobreza y simuladamente arropados por la autoridad.

Durante el Seminario que se realizó hace algunos días en Coahuila “La agenda de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reveló que ya no existe recurso para continuar con la operación del Mecanismo federal. El dinero se agotó, pese a la advertencia oportuna de que el presupuesto no era suficiente.

Mientras que algunas autoridades cacarean cada que pueden su interés de apoyar al gremio y trabajar en brindar las garantías para el ejercicio periodístico, en muchos estados la realidad es diferente.

¿Cómo es posible que quienes ya están en riesgo ahora puedan correr un peligro mayor porque no hay recursos de operación? Aunque hay que decir que varios comunicadores han sido asesinados estando incluso sujetos a dicho Mecanismo.

En mi experiencia como reportera y “beneficiaria” de ese Mecanismo conocí de primera mano su operación y sin empacho puedo decir que es completamente deficiente y no cumple con los requerimientos de atención que se requieren para la protección de un periodista o defensor en riesgo, y aunado a eso, hoy nos enfrentamos a la carencia de recursos.

Y es que el año pasado, en un intento de intimidación hacia mi labor; la solidaridad del gremio, los organismos civiles y de derechos humanos fueron quienes realmente y en todo momento me arroparon. Las redes de protección creada por los propios reporteros como el caso de la Red de Periodistas del Noreste, me ha permitido a mi como – me atrevería a decir- a cientos de colegas ejercer esta labor con la tranquilidad de que tenemos un respaldo.

Desde que ocurrió el hecho, me llegaron correos cada tres meses del Mecanismo para saber si tuve acceso a las medidas de seguridad. Un botón rojo, un contacto oficial y el acercamiento con la autoridad municipal y/o estatal. Mi verdadero botón rojo eran los números de celular de los compañeros reporteros de Coahuila y de otros estados que siempre estuvieron al tanto, las medidas de seguridad a las que accedí son las que estas redes me hicieron llegar, y el contacto oficial podría ser la comunicación permanente que mantuve con organismos civiles como Artículo 19 y la Red de Mujeres de la Laguna.

Como buena reportera documenté en papel todas las carencias e irregularidades del Mecanismo que en un intento fallido del Estado simula dar protección. Y lo comparto porque hay cosas que resolver, lo cual no significa que estemos solos, pues las redes de protección más poderosas, y lo he confirmado, son con las que trabajamos los propios reporteros y en las que mantenemos nuestra confianza.