Rio Babel

Defendamos la libertad de expresión

Luis Guillermo Hernández Aranda

Se viven días negros para la libertad de expresión en México. Ya no solo los delincuentes tratan de callar voces secuestrando o asesinando a periodistas. También algunos políticos de la 4T buscan silenciar las críticas con procesos judiciales y las amenazas de pisar la cárcel.

Demandas por presunta violencia política de género o daño moral, así como leyes estatales aprobadas en “fast track”, están siendo utilizadas para frenar columnas, publicaciones y críticas en redes sociales.

Ahí están los casos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien busca meter a la cárcel a un periodista alegando violencia de género o el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta que con un Congreso a modo diseñó una ley de ciberasedio donde cualquier ciudadano puede ir a la cárcel por el delito de criticar a un funcionario público en internet.

De esta forma la creciente utilización de mecanismos judiciales contra comunicadores también es motivo de preocupación para organismos internacionales. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, alertó sobre un aumento de entre 25 y 30 por ciento anual en demandas por daño moral, calumnia o violencia política, muchas veces sin sustento legal.

“Estamos viendo cómo se judicializa la opinión y se inhibe el ejercicio periodístico. Eso tiene efectos directos en la libertad de expresión”, dijo Hootsen.

Otro caso reciente es el de Laisha Wilkins. La actriz y columnista respondió en redes sociales a una nota de Aristegui Noticias con la frase: “ja ja Dora la censuradora ja ja”. En dicha nota se informaba que Dora Martínez Valero había pretendió censurar todos los reportajes de la investigación Televisa Leaks mediante una queja por supuesta “violencia política de género” en su contra, mediante una solicitud al INE.

Este tuit provocó que la actriz recibiera un requerimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para explicar el motivo de su post. El tribunal le pidió a Wilkins aclarar si su comentario fue parte de una estrategia política, si recibió algún pago por publicarlo y si tiene vínculos con partidos o candidatos.

Finalmente, tanto el INE como el Tribunal Electoral concluyeron que no había elementos para sancionar el trabajo periodístico ni los comentarios. Sin embargo, el abrir un proceso legal a raíz de un post es una amenaza directa para que cualquiera de nosotros la pensemos dos veces antes de escribir una crítica.

México está en riesgo, hoy más que nunca los políticos tienen la piel muy sensible de ahí que sea obligación de todos defender las libertades conquistadas.