Enfoque 

Por Eduardo J. De La Peña

En el drama que viven en México las familias de personas desaparecidas la atención se ha centrado, y es lógico, en los esfuerzos de búsqueda que los propios colectivos que agrupan a estas víctimas han emprendido, apoyados con acciones institucionales, que al menos en el caso de Coahuila han tenido un adecuado seguimiento.

Hay sin embargo otro gran pendiente, en lo que se refiere a los casos de desaparición forzada: la investigación y el castigo de los hechos.

La Comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, reconoció la semana anterior en Coahuila que verdad y justicia constituyen la gran deuda con las familias de los desaparecidos.

Y citó la funcionaria datos que sacuden: de un registro nacional de más de cuarenta mil desaparecidos, únicamente en treinta casos se tienen sentencias.

De lo que nos está hablando es de impunidad.

Este es un tema que alcanza a la sociedad en su conjunto, no es exclusivo de quienes viven directamente la tragedia de un hijo, hermano o padre desaparecido. Con ellos hay que solidarizarnos, tener la sensibilidad y tratar de entender lo que han debido de afrontar, pero asumir también que es de interés público no queden sin castigo estos casos.

Y hay otro aspecto más sobre el que debe llamarse la atención, el drama para las familias no termina ni siquiera para los pocos que de alguna manera consiguieron localizar los restos de su ser querido.

Se conoció también la semana anterior de una madre que no ha logrado le sea devuelto el cuerpo de su hijo que hace siete años fue sepultado en la fosa común en un panteón de Saltillo.

Cuando identificaron los restos de ese muchacho, había en la fosa común otros 19 cadáveres, y ahora hay 30, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades a la  madre.

El Fiscal de Coahuila argumenta que como algunos de los cadáveres ahí depositados tienen que ver con casos que investiga la Fiscalía de la República, se requiere que esa instancia autorice la exhumación.

Un procedimiento legal que se ha convertido en una telaraña impide a esa madre tener lo mínimo que puede exigir después de la muerte de su hijo, llevar sus restos a donde la familia decida.

Situaciones como esta son aberrantes, y la posibilidad de que las autoridades reaccionen y corrijan su proceder se ve tan lejana, como tangible y contundente es la indiferencia social.

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