Dobleces

El juicio abierto a Samuel

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

La suspensión concedida por la ministra Estela Ríos al gobernador Samuel García para frenar el juicio político promovido en el Congreso de Nuevo León representa, sin duda, un respiro jurídico para su administración. La resolución impide, por ahora, que el Poder Legislativo avance en un procedimiento por presuntos actos de peculado y enriquecimiento mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el fondo de la controversia. Sin embargo, fuera de los tribunales permanece abierto un juicio mucho más complejo: el de los resultados de gobierno.

Uno de los principales compromisos de la administración estatal fue convertir la política ambiental en una prioridad. El llamado Impuesto Verde se presentó como una herramienta para desincentivar la contaminación y financiar acciones que permitieran mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey. A casi cuatro años de su implementación, La discusión pública continúa concentrándose en los montos obtenidos, mientras la información sobre sus resultados sigue siendo insuficiente para disipar las dudas.

Los datos más recientes tampoco ayudan a cerrar ese debate. El Comité Ecológico Integral informó que durante el primer semestre de 2026 se registraron 114 días con niveles de PM10 por encima de la norma, es decir, 63 por ciento de los 181 días comprendidos entre enero y junio, con base en información del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Raúl Lozano Caballero, respondió que el incremento obedece a la actualización de la Norma Oficial Mexicana, que redujo los límites permitidos para esos contaminantes, y sostuvo que las concentraciones promedio muestran una tendencia favorable respecto de años anteriores. Más allá de la explicación técnica, la percepción ciudadana sigue marcada por contingencias ambientales y episodios recurrentes de mala calidad del aire.

A ese panorama se suma la situación de la Refinería de Cadereyta. De acuerdo con un análisis del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire basado en datos oficiales, entre enero y mayo de este año la producción de combustóleo promedió cerca de 35 mil barriles diarios. Tras la publicación de esa información, Petróleos Mexicanos aseguró que el combustible tiene un destino comercial y que no se utiliza para la operación de la planta, pero no precisó dónde se distribuye ni cuál es su destino final. La falta de esa información mantiene abierto un tema relevante para una entidad donde la calidad del aire continúa siendo una preocupación permanente.

En paralelo, la política ambiental ha enfrentado cuestionamientos por conflictos con distintos sectores productivos. Las controversias con empresas como Matrimar y, más recientemente, las denuncias de operadores de la Ruta 322 sobre inspecciones y sanciones administrativas alimentaron un debate que trasciende los expedientes particulares. El reto para cualquier autoridad ambiental consiste en demostrar que las acciones de vigilancia responden a criterios técnicos, transparentes y uniformes, y no sólo a una percepción de mayor presión regulatoria.

Samuel García logró contener, por ahora, el avance del juicio político. Pero ninguna suspensión judicial despeja por sí sola las interrogantes sobre la eficacia de una política pública. Mientras persistan las dudas sobre el destino de los recursos del Impuesto Verde, la información alrededor del combustóleo de Cadereyta y los resultados tangibles en materia de calidad del aire, el principal examen para su administración seguirá desarrollándose fuera de los juzgados y frente a una ciudadanía que espera algo más que explicaciones: espera resultados medibles.