Dobleces

Caballero en la picota

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

La politización de decisiones medioambientales en el gobierno de Samuel García, colocó en la picota al secretario de Medio Ambiente local, Raúl Lozano Caballero. Sus determinaciones y criterios son insostenibles. Incluso, sus días como funcionario de la administración samuelista se acortan.

La permanencia del encargado de la cartera ambiental se complica, ya que el PRI y PAN, en su papel de oposición, denunciaron ante la Fiscalía el presunto caso de corrupción acusado por una empresa pedrera y ya pidieron la remoción de sus cargos tanto del líder estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, como de Raúl Lozano.

Las decisiones desde la cúpula manejada por Samuel García tienen al partido fosfo-fosfo, en la región, en vilo. Y es que, la cruzada contra la industria, especialmente con las extractoras de piedra caliza se radicalizó al grado de tener nueve empresas suspendidas, por presuntamente incumplir con la normativa ambiental vigente decidida por Raúl Lozano Caballero.

El partido de Jorge Álvarez Máynez, entra en una crisis inevitable. El sector industrial en el estado se encuentra incómodo y su estructura interna partidista está dividida.

En las últimas semanas, Matrimar acusó que otras pedreras padecen, pero se han abstenido de denunciar públicamente. Se trata de un patrón de inspecciones atípicas, clausuras reiteradas y presiones que, según la empresa, buscan forzar acuerdos en lo oscurito.

Audios difundidos, resoluciones judiciales favorables y amparos obtenidos han puesto sobre la mesa la sospecha de un esquema donde la discrecionalidad sustituye al Estado de Derecho, se genera incertidumbre para un sector que opera, según afirman, bajo permisos y que sostiene cientos de empleos.

La industria de la construcción —principal destino de los materiales pétreos como la caliza— aporta alrededor de 5.4% del PIB estatal, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Además, en 2024 la construcción fue el sector que más creció en la economía estatal, con un aumento anual de 23%, sin duda, uno de los motores económicos de la entidad.

La controversia con Matrimar escaló tras la difusión de un audio en el que presuntamente un dirigente estatal de Movimiento Ciudadano actúa como intermediario para solicitar a la empresa un “pago fuerte” a cambio de permitir su operación, monto que, según la denuncia, rondaría los 50 millones de pesos. El material filtrado se suma a una serie de clausuras e inspecciones que la compañía considera parte de un esquema de presión institucional para forzar acuerdos económicos.

En tanto, en respuesta, Miguel Flores, secretario general del Gobierno, advirtió que se endurecerán las sanciones contra las pedreras que operen fuera de la ley, poniendo como ejemplo el caso de Matrimar, quien supuestamente tiene un adeudo superior a 500 millones con el SAT. Esta declaración ha sido interpretada en el sector como una clara advertencia que aquellos que no cumplan con sus obligaciones fiscales y ambientales recibirán todo el peso de la ley.