Dobleces

La otra deuda de Javidú

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Sin importar la decisión del juez en el caso del exgobernador, Javier Duarte, de otorgarle libertad anticipada por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, la deuda moral en los casos de desaparecidos durante su sexenio, en Veracruz, son una afrenta y un macabro atraso, latente, en el cumplimiento de las leyes.

Su permanencia en prisión se volvió un galimatías por el uso indebido de recursos de procedencia ilícita, ya que por ese delito cumplió cerca del 95 por ciento de la condena; sin embargo, el proceso por desaparición forzada en Veracruz aún no concluye, por lo que no cumple con los requisitos para obtener su libertad anticipada. En caso de negarle la libertad anticipada, Javier Duarte permanecerá en la cárcel hasta abril del 2026. Y según las versiones sería lo menos complicado, en este momento, y a decir de sus críticos “lo van a dejar hasta que lo tengan que dejar”.

Los crímenes de lesa humanidad son la parte crítica del caso y la de mayor exigencia por los activistas en Veracruz. A la documentación hecha por los grupos de desaparecidos, a lo largo de los años, se suma la existencia de un informe ante la Corte Penal Internacional acerca de las desapariciones forzadas en el sexenio de Duarte.

A Javidú se le recuerda, en su sexenio, por las 3 mil 600 carpetas de investigación abiertas en seis años, correspondientes a personas no localizadas, secuestros y posteriores rescates de personas halladas sin vida; las narcofosas y cementerios clandestinos que documentaron los colectivos de desaparecidos en el estado.

En la época de apogeo del duartismo uno de los casos de mayor trascendencia fue el de Playa San Vicente en el que cuatro varones y una mujer fueron entregados por la policía a manos criminales. 

En ese lugar se localizaron fosas clandestinas así como en otros sitios a lo largo del estado en los que se encontraron a lo largo de una década, restos con marcas de tortura, otros fragmentados y con huellas de una “violencia demoniaca”, llamada así por las organizaciones de búsqueda. Las imágenes eran escalofriantes.

Las motivaciones de estos crímenes de lesa humanidad eran para acallar a activistas, políticos opositores y sectores sociales ubicados dentro del círculo rojo. La crítica fue desaparecida y la opacidad en el manejo de recursos fue la perdición de Duarte.

El mandatario aprovechó la guerra contra el narco desatada en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. La entidad se convirtió en un paraíso de la impunidad para los diversos grupos criminales que convirtieron la plaza en un campo de batalla; así como para los excesos de los mandos medios de la policía estatal. La complicidad se normalizó. La atmósfera de miedo cubrió delitos de distinta índole en los que estuvo involucrado el entonces gobernador, quizá por omisión, pero el estado se volvió un territorio víctima del plomo.