Dobleces

Los 43 en el sótano de la CNDH

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

Para la ombudsman nacional Rosario Piedra y el secretario ejecutivo, Francisco Estrada, el caso Ayotzinapa está cerrado. La recomendación 15VG/2018 quedó sin solventar en la mayoría de los puntos recomendatorios, en esta administración, y la documentación se encuentra en el sótano de la comisión sin resguardo directo de algún visitador.

En la CNDH, el caso de los 43 estudiantes normalistas, pasó a segundo plano desde 2019 cuando le quitaron los recursos y pasó a financiar la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente. Área creada como parte de la agenda de temas prioritarios para Rosario Piedra Ibarra.

Y es que la situación fue tan tensa en algunos momentos, con los padres de los 43, que en su momento, Vidulfo Rosales, exabogado de los familiares y Francisco Estrada protagonizaban acaloradas discusiones por la falta de atención a las víctimas y el mutis por no darle celeridad al cumplimiento de la recomendación.

La recomendación del caso Iguala se concluyó en 2018 y a la llegada de Rosario Piedra, los integrantes de la comisión dejaron de darle atención al caso de los 43, el exvisitador José Martínez Cruz no supo darle seguimiento al tema ni protección del expediente. Su paso por la CNDH fue efímero y caótico en la administración pública. Su tarea era incorporar la agenda de la “guerra sucia” por encargo. De ahí, comenzó un manoseo en el archivo sin formalidad institucional. Lo único en lo que se avanzó fue en la digitalización del expediente.

Sin embargo, Luciana Montaño Pomposo, quien fue Coordinadora General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, recibió el expediente sin hacerse responsable desde los primeros días en que se le asignó. Luego pasó a manos de Bianca Trujillo Subías, exdirectora General de la Primera Visitaduría, ella descuidó el expediente y el caso comenzó a perder interés por los funcionarios. Además, de que dejó de ser prioritario para Francisco Estrada por las diferencias con los familiares de las víctimas. Posteriormente, los funcionarios Kevin Fuentes Puga y Brenda Melisa García abrieron las oficinas donde está el archivo –en el sótano del edificio Jorge Carpizo– sin objetivo claro, lo que atentó contra la memoria histórica.

El expediente cayó finalmente en manos del funcionario con menor preparación, Omar Pasarán, en la segunda visitaduría y tampoco hubo trabajo de seguimiento. Ni siquiera atención a los familiares de las víctimas.

Omar Pasarán la tuvo en la segunda visitaduría, no hubo seguimiento al expediente ni cuidado por las carpetas en las que se encuentran testimonios, documentos y datos sensibles de las víctimas de la llamada noche de Iguala. Finalmente Alejandra González Clorio, también tuvo el archivo y tampoco presentó resultados y ni hay documental de la entrega recepción del expediente. Bianca Trujillo violentó los sellos. En la actualidad el archivo debería estar en Gobernación, por su calidad de expediente histórico.

No hay responsable visible del resguardo del expediente del caso Ayotzinapa en la CNDH y ahora a 11 años de distancia tampoco hay menciones de respaldo por parte de los funcionarios que tienen como objetivo proteger al pueblo.