Dobleces

Israel Mendoza Pérez

@imendozape

La extinción de órganos autónomos como la Comisión Reguladora de Energía(CRE) y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos(CNH) dejó una bomba de tiempo con el “huachigas”. La falta de regulación de precios y el descontento en la planta laboral amenaza con convertirse en un problema en los próximos meses.

El avance en la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNER), órgano que sustituirá a la extinta CRE y a la CNH exige atender el tema del huachigas, ya que se corre el riesgo de recibir a la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, con negociaciones trabadas en este sector, pues no basta normatividad aprobada, procesos de entrega-recepción en marcha y promesas de simplificación regulatoria.

El tema en términos prácticos se acrecenta. En nueve ciudades del país cientos de trabajadores del sector de distribución de Gas LP se manifestaron para exigir una tarifa justa que permita sostener su empleo y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Esa coincidencia revela una desconexión peligrosa entre la política pública y la realidad operativa.

La secretaría asegura que la CNER tendrá independencia técnica y que se agilizarán los permisos hasta en un 50%. La promesa de eficiencia administrativa no puede ocultar que el fondo del problema no es el trámite, sino que la tarifa de distribución vigente para el Gas LP no cubre ni los costos básicos de operación y es que se definió con criterios que desconocen las condiciones de calle y los riesgos del reparto diario de un energético esencial.

Los organismo autónomos existentes en poco ayudaron. Y ahora, el diseño institucional debe responder a una necesidad real, pero en este caso, mientras se instala la nueva CNER, la Secretaría de Energía mantiene congelada la decisión crítica de revisar la tarifa de distribución con base en un estudio técnico entregado por los propios afectados.

Las protestas en Ciudad de México, Tijuana, Mérida, Cancún, Hidalgo, Mazatlán, Culiacán, Querétaro y León no son solo una llamada de atención política, sino un reclamo legítimo de trabajadores pierden espacios laborales y de distribución.

Según datos del oficiales, entre 2018 y 2024 la canasta básica subió 54%, pero el precio del gas LP solo aumentó 4%, y en los últimos tres años se redujo 22%. Esa diferencia se ha financiado con despidos, precarización y reducción de inversiones en seguridad.

La Secretaría de Energía tiene en sus manos el estudio técnico que sustenta una tarifa de $4.25 por litro. Tiene los datos, las rutas de distribución, los costos por kilómetro, los gastos en seguridad operativa y el impacto en la economía familiar.

En la actualidad, las plantas operan con recursos limitados, y los vehículos de reparto acumulan mantenimiento pendiente por falta de inversión. El impacto no se limita al sector labora. A esto se suma que un alto número de consumidores dependen diariamente del gas LP para cocinar, calentar agua y sostener negocios.

En tanto, la expansión del huachigas no solo implica competencia desleal, también representa una amenaza a la seguridad pública y al orden económico. Las autoridades federales debe asumir que el problema no puede esperar a una ventanilla digital ni a un comité de permisos, y que por el contrario, se requiere de una decisión técnica, inmediata.