Convicciones

Tequila, la punta del iceberg

Rubén Aguilar Valenzuela

La detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, no es un caso aislado, sino muestra solo la punta del iceberg de una realidad que se extiende por todo el país.

Hoy día, lo confirman fuentes del Ejército de México y de Estados Unidos, una tercera parte del territorio nacional está en manos de grupos del crimen organizado, y en esas regiones son ellos el verdadero gobierno.

En los municipios ubicados en esos espacios, ahora también en las gubernaturas, son ellos, a través de los jefes de plaza, los que deciden quien gobierna. Las autoridades están controladas por ellos y miembros de la organización participan en cargos del gobierno.

Lo más probable es que el anterior alcalde de Tequila, plaza controlada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), seguiría en el cargo, robando y extorsionando, si cegado por el poder no hubiera rebasado ciertos límites, que obligaron tener que quitarlo del puesto, y encarcelarlo.

Lo sustituye en la alcaldía, a la vista de las autoridades municipales, estatales y federales, Lorena Marisol Rodríguez, de su grupo más cercano, que era parte de las acciones criminales de su antecesor, y que mantiene relación con el CJNG. Se va un alcalde, pero el grupo criminal continúa en el poder.

En Tequila, el cambio solo ha sido de una persona, pero los tres niveles de gobierno, no han recuperado el control del municipio, que sigue en manos del cártel CJNG, a través de una nueva alcaldesa.

Hay especialista de temas de seguridad, que a partir de los datos de investigaciones documentales y de campo, sostiene que ahora en el país, bajo control de grupos del crimen organizado hay por lo menos 50 municipios con las mismas características que Tequila, la mayoría al mando de autoridades morenistas.

La realidad es que los municipios bajo el control de grupos del crimen organizado, son cientos, aunque no existe investigación sobre esas realidades, y también hay evidencias de que controlan a algunos gobiernos estatales, a través de gobernadores, a quienes apoyaron con recursos millonarios en sus campañas.

Los gobiernos estatales y el federal, saben que eso ocurre, pero no actúan en razón de dos realidades: No quieren romper el pacto con los grupos criminales, consideran que el costo de hacerlo es muy alto, y no quieren “desestabilizar” al municipio y la zona. Asumen que si intentan arrebatar la plaza a los criminales habrá violencia y muertos.

La decisión, entonces, es optar por que las cosas se mantengan en los actuales términos, que implica asumir que en esas regiones del país, el crimen organizado es el real gobierno y que hay que negociar con él. Es aceptar que hay otras fuerzas que también gobiernan al país, y que no es un gobierno soberano.

@RubenAguilar