Convicciones

¿Las Iglesias pueden y deben criticar al poder civil?

Rubén Aguilar Valenzuela

Un gobierno democrático respeta el derecho a la crítica y no descalifica a quien la hace El Estado laico no tiene religión oficial y garantiza, así se concibe, que todas las Iglesias, en el marco de las leyes, se manifiesten abiertamente en igualdad de condiciones.

Así se garantiza el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que es la libertad religiosa.

Las Iglesias en el Estado laico, como instituciones, no deben tener ningún tipo de afiliación político-partidaria, es condición de su libertad.

Las y los ciudadanos en lo particular deciden, con la libertad que les garantiza el Estado, si quieren afiliarse o no alguna religión o no profesar ninguna creencia religiosa.

El Estado se integra con tres grandes actores: el gobierno, el Mercado y la sociedad civil organizada. El gobierno es un actor del Estado, no el Estado.

Hay instituciones y órganos que son de Estado, no pertenecen y no deben de permanecer, como Estado, al gobierno en turno.

Es el caso del Poder Judicial y de los órganos autónomos del Estado, que son independientes del gobierno y se norman y conducen por lo que les señala la Constitución a la que se deben, al tiempo que son sus garantes.

Lo mismo debe pasar con las Fuerzas Armadas, que son instituciones del Estado y a él defienden, aunque un gobierno en lo particular nombre a sus titulares en cada ocasión.

Las Iglesias, en el marco de las posibilidades y los límites que le señala la Constitución del Estado laico, tienen todo el derecho de expresar su opinión, y asumir las consecuencias de lo mismo.

Este derecho implica, necesariamente, la posibilidad de criticar al poder; cuando éste no respeta la Constitución que juró cumplir, obligación que tienen todos los actores del Estado sin excepción alguna.

Y también cuando las Iglesias consideran que el gobierno no está cumpliendo con sus responsabilidades o está haciendo mal su tarea.

Un gobierno democrático respeta el derecho a la crítica y no descalifica a quien la hace. Puede, está en su derecho, manifestar su punto de vista y desacuerdo con la crítica.

En este caso, el gobierno debe responder con datos y no con discursos ideológicos y demagógicos propios de los gobiernos autoritarios.

Las Iglesias al criticar al poder, con datos sólidos, no con discursos sin sustento, saben que pueden recibir una respuesta agresiva e incluso violenta del poder.

En América Latina, centenas de integrantes de las iglesias, en particular de la católica, han sido asesinados por los gobiernos autoritarios y dictatoriales.

Esto, la más de las veces, por denunciar la violación de los derechos humanos, la represión y los asesinatos en contra de la población por instancias del poder.

Las Iglesias evangélicas han sido en general simpatizantes del actual gobierno federal y por lo mismo nunca han asumido posiciones críticas a su actuación.

La Iglesia católica frente al actual gobierno federal ha sido particularmente prudente y no ha cuestionado o criticado su gestión. A partir de 2020 sólo lo ha hecho de manera moderada en el tema de la seguridad.

@RubenAguilar