Camino a Valinor
Reforma sin contrapesos, democracia en riesgo
Por José Inocencio Aguirre Willars
¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me lean.
En los últimos días, el debate sobre la reforma electoral se ha convertido en una de las discusiones más trascendentes para el futuro inmediato de nuestra democracia. Lo que está en juego no es solamente un cambio en el diseño institucional del INE o del Tribunal Electoral, sino el equilibrio mismo entre los poderes del Estado. Y, si se observa con detenimiento, los números no mienten: estamos ante una reforma que avanza sin contrapesos reales.
Hoy el partido en el poder y sus aliados concentran cerca del 68% de la Cámara de Diputados y el 61% del Senado. Con esas cifras tienen prácticamente asegurada la aprobación de reformas constitucionales sin necesidad de negociar con la oposición. Esa concentración política, que por sí misma ya es motivo de alerta, se traduce en la posibilidad de rediseñar de raíz al árbitro electoral de acuerdo a los intereses de la mayoría circunstancial.
La iniciativa plantea reducir el número de consejeros electorales de 11 a 7 y cambiar el mecanismo de designación hacia una elección por voto popular. A primera vista suena democrático, pero en la práctica implica someter a consejeros y magistrados a campañas políticas, financiamiento partidista y clientelas electorales. En otras palabras, se corre el riesgo de que un órgano técnico y autónomo termine convertido en una arena más de disputas partidistas.
La paradoja es clara: mientras el INE registra un 62% de confianza ciudadana (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 del INEGI), el Congreso y los partidos apenas alcanzan entre 30 y 35%. ¿Tiene sentido debilitar al árbitro más confiable para entregarlo a quienes arrastran mayor desconfianza?
El impacto no sería menor. En 2027, catorce estados renovarán gubernaturas, congresos y ayuntamientos, lo que lo convierte en el proceso electoral local más grande de la historia. Ensayar un cambio radical en las reglas justo en esa coyuntura equivale a experimentar con el futuro democrático del país en la contienda más amplia y compleja de las últimas décadas.
Una democracia sin árbitro confiable es como un partido donde el equipo dominante también pretende ser el juez. La pluralidad se ahoga cuando quien concentra el poder decide también las reglas del juego. Lo que está en riesgo no es solo la organización de elecciones, sino la legitimidad misma de los resultados que de ellas emanen.
El debate, entonces, no debería centrarse únicamente en el costo de las instituciones, sino en el valor que tienen para sostener la confianza en un país polarizado. Porque, al final, el precio de un árbitro debilitado será infinitamente más alto que cualquier supuesto ahorro presupuestal.
Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
