Camino a Valinor
¿Quién decide lo que podemos decir?
José Inocencio Aguirre Willars
¡Hola! Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que me lean.
Hay libertades que damos por sentadas hasta que comenzamos a sentir que alguien quiere ponerles límites. Una de ellas, quizá la más importante para cualquier democracia, es la libertad de expresión.
En México se está discutiendo nuevamente hasta dónde puede llegar el Estado para regular lo que escuchamos y vemos en los medios de comunicación.
Actualmente, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene en consulta pública nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. El planteamiento incluye cuestiones que, vistas de manera aislada, pueden parecer perfectamente razonables: diferenciar información de opinión, contar con códigos de ética, garantizar mecanismos de defensa para las audiencias y establecer responsabilidades para concesionarios de radio y televisión. La consulta estará abierta hasta el 21 de agosto.
El problema comienza cuando nos preguntamos algo muy sencillo: ¿quién decide qué está bien y qué está mal?
Porque una cosa es proteger a una audiencia y otra muy diferente es permitir que una autoridad vinculada al propio gobierno tenga cada vez mayores facultades para supervisar, interpretar y eventualmente sancionar a los medios.
El gobierno puede asegurar que no pretende censurar a nadie. Incluso los propios lineamientos establecen salvaguardas para la libertad de expresión. Pero las democracias no se construyen solamente confiando en las buenas intenciones de quienes gobiernan.
Las leyes y las instituciones deben funcionar también cuando llegue al poder alguien en quien no confiemos.
Y ahí es donde debemos tener cuidado.
En los últimos años hemos visto propuestas relacionadas con telecomunicaciones y plataformas digitales que han despertado cuestionamientos de organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Algunas incluso contemplaron originalmente facultades para bloquear plataformas digitales y fueron modificadas después de la polémica generada.
No estoy diciendo que mañana vayan a cerrar un periódico o sacar del aire a un periodista incómodo.
El riesgo es mucho más sutil.
La libertad de expresión rara vez desaparece de un día para otro. Primero aparece una regulación. Después una interpretación. Luego una sanción. Más adelante un medio comienza a preguntarse si vale la pena meterse en problemas.
Hasta que algún día alguien decide que es mejor no decir algo.
Y entonces ni siquiera hace falta censurarlo.
La censura más efectiva no es la que obliga a alguien a guardar silencio; es la que consigue que tenga miedo de hablar.
Por supuesto que los medios deben tener responsabilidades. También los periodistas, comunicadores y quienes tenemos acceso a espacios públicos debemos asumirlas.
Pero existe una enorme diferencia entre exigir responsabilidad y permitir que el poder se convierta en árbitro de la conversación pública.
Una democracia necesita periodistas incómodos, medios críticos, ciudadanos que cuestionen y opiniones que incluso puedan molestarnos.
Porque la libertad de expresión no existe para proteger únicamente aquello con lo que estamos de acuerdo.
Existe, precisamente, para proteger aquello que alguien quisiera callar.
No importa quién gobierne hoy.
El poder siempre debe tener límites.
Y uno de ellos debería ser muy claro: el gobierno nunca debe sentirse demasiado cómodo decidiendo qué podemos decir, escuchar o pensar.
Saludos a todas y a todos y por aquí nos vemos la próxima semana.
