A la báscula

Cómo le van a hacer

Julián Parra Ibarra

En los tiempos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, más de una ocasión balandroneó que si en esos momentos Morena gobernara el país, el precio de la gasolina costaría cuando mucho 10 pesos el litro, y que de llegar al poder bajaría no solo los precios de los combustibles, sino también de la energía eléctrica. 

A noviembre de 2018, último mes de la administración de Peña Nieto, el promedio de la gasolina Magna era de alrededor de los 19 pesos con 41 centavos. Y al cierre de la administración obradorista, la misma gasolina promediaba los 23 pesos con 68 pesos por litro. Lejos, muy lejos de la promesa, del entonces candidato opositor, de que bajaría a 10 pesos por litro.

A finales del pasado mes de octubre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de la administración de Claudia Sheinbaum, Julio Berdegué, anunció que la dependencia a su cargo pretende ir bajando de manera gradual hasta lograr que el precio de la tortilla cueste 10 por ciento menos de lo que ahora cuesta.

La tortilla al no tener un precio oficial, se rige por la ley de la oferta y la demanda; dependiendo de la región del país es el costo, que en promedio durante 2018 era de 14.33 pesos por kilo, en 2024 andaba en promedio en los 22.66, y en octubre pasado su promedio fue de 23.05.

Dice el secretario Berdegué que se pretende lograr –ahora sí- la autosuficiencia de maíz blanco no transgénico y el frijol. Que se invitará a los productores a un acuerdo nacional por el maíz y la tortilla y a lo largo del sexenio reducir el precio del kilo de tortilla en un 10 por ciento.

El problema es que el maíz y la tortilla como muchos otros productos del campo en México, como el limón, el aguacate, el pollo y muchos otros más, su producción, comercialización y distribución, no depende de los productores, sino de los grupos de la delincuencia organizada, y por mucho que los productores acepten el acuerdo nacional, deberán incrementar en sus costos de producción el derecho de piso que deben pagar a los controladores del mercado.

A menos que Berdegué esté considerando incluir en el acuerdo a los grupos delincuenciales, va a ser sumamente difícil que logre ese sueño utópico que existe en México desde hace muchos años porque, solo por recordarle, sobre todo en algunas regiones de Guerrero, de Michoacán, de Oaxaca y creo que ya hasta en Chiapas y en Tabasco, una gran cantidad de tortillerías tuvieron que cerrar sus puertas porque al no poder pagar las cuotas impuestas por el crimen organizado, sus propietarios fueron levantados, asesinados o sus negocios incendiados. Así de fácil.

Y cómo les ha ido entre muchos otros productores, a los limoneros y aguacateros. A ver cómo le hace el secretario Berdegué para cumplir su primera promesa.

X= @JulianParraIba