El PRI es el único que cumple al 100 por ciento con la firma de sus 38 aspirantes, le sigue Encuentro Social con 28%, UDC con 14% y PT con 12.5%

 

JESSICA ROSALES

 

De los 247 candidatos y candidatas registrados ante el Instituto Electoral de Coahuila a las 38 alcaldías de Coahuila, sólo 60 han firmado hasta hoy los compromisos anticorrupción que Coparmex, Canacintra, el Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción y el Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, propusieron a los aspirantes de los diferentes partidos políticos e independientes.

 

De acuerdo al informe diario de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información Pública que compartieron los propios organismos, sólo el PRI en su alianza con PRD cumple al 100 por ciento, es decir, que sus 38 candidatos y candidatas han firmado el compromiso.

 

El segundo sitio lo ocupa Encuentro Social con seis de sus 21 aspirantes registrados, equivalente al 14.3 por ciento; le sigue UDC con 2 de 14 aspirantes lo que significa 14.3 por ciento; en cuarto lugar se ubica el Partido del Trabajo con 2 de 16 candidatos, que equivale al 12.5 por ciento.

 

Hasta el quinto sitio se coloca Morena con 4 de 35 candidatos, es decir, 11.4 por ciento; después Redes Sociales Progresistas con uno de sus 10 candidatos y Partido Verde Ecologista con 2 de 20, ambas con el 10 por ciento; y hasta el séptimo lugar el PAN con 3 de sus 38 aspirantes, es decir el 7.9 por ciento.

 

Sólo 3 independientes firmaron, equivalente al 22.2 por ciento del total que participa por esta figura; mientras que en Fuerza por México y Movimiento Ciudadano ninguno de sus candidatos ha firmado los compromisos.

 

En el caso de Saltillo, firmaron los candidatos a la alcaldía del PRI-PRD, José María Fraustro Siller; del PAN, Teresa Romo; de Morena, Armando Guadiana Tijerina; de UDC, Christyan Idelfonso Cabello. Quienes no lo hicieron son María Magdalena Balderas de PT; Ulises Montemayor del PVEM; Virginia Villarreal de Encuentro Social y Enrique Javier Navarro, de Fuerza por México.

 

En el caso de Torreón sólo firman tres candidatos Marcelo Torres Cofiño del PAN; Román Alberto Cepeda del PRI-PRD y el independiente Jorge Ríos Contreras.  Siguen sin firmar Lily Daniela Leal Romo del PVEM; María Estrella Salas de UDC; Ana Lylya Bermudes de Movimiento Ciudadano; Mariana Román Leyer de Encuentro Social; Víctor Manuel Arellano de Redes Sociales Progresistas; y Sandra Guadalupe Sierra de Fuerza por México.

 

Los 10 compromisos contra la corrupción:

  1. Publicar las observaciones de las auditorías internas y externas (órganos de fiscalización municipal, estatal y federales), información que debe ser pública y accesible, también el nivel de los funcionarios públicos involucrados, recuperaciones financieras y avances relevantes en las investigaciones.
  2. Un gobierno sin archivos de papel que cumple tanto con la Ley General de Transparencia como con la Ley de Archivos.
  3. Un gabinete que voluntariamente publique sus declaraciones 3 de 3, su compromiso con la no violencia de género y la no violencia política, en la plataforma que para tal efecto será habilitada.
  4. Un gobierno que publique un Padrón Único de Beneficiarios para los servicios públicos provistos por el gobierno municipal, incluyendo las acciones y programas de desarrollo social. Un gobierno que publique también un Catálogo de Programas Sociales y Acciones de Desarrollo Social.
  5. Un gobierno que publique los requisitos mínimos de planeación para los proyectos de infraestructura; un gobierno que publique la información sobre contrataciones y obras públicas con los estándares nacionales e internacionales de datos abiertos.
  6. Un gobierno que cumpla con la Ley General de Adquisiciones y Obras Públicas.
  7. Un gobierno que informe sobre pasivos, pagos pendientes y obras inconclusas para todas las áreas de manera oportuna.
  8. Un gobierno que compre a través de Compranet como lo establece el SNA.
  9. Un gobierno que elimine los pagos en efectivo.
  10. Un gobierno comprometido a erradicar la corrupción, que asegure la independencia del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) y colabore activamente con él.