La obligación de realizar pagos electrónicos en gasolineras podría representar una complicación económica para las familias que no cuentan con servicios bancarios o que utilizan efectivo para administrar sus gastos, advirtió el diputado federal priista Óscar Torres, al expresar sus inquietudes sobre la implementación de la Ley de Economía Digital.
El legislador señaló que aunque la intención del Gobierno Federal es facilitar los pagos, agilizar los cobros en los establecimientos y combatir el lavado de dinero, la aplicación de estas disposiciones podría generar consecuencias que no fueron suficientemente consideradas, particularmente para los consumidores.
Explicó que la legislación fue aprobada hace aproximadamente un mes y medio, junto con el paquete fiscal y la Ley de Ingresos y que su entrada en vigor está prevista para enero de 2027. Sin embargo, consideró que su implementación se está planteando de manera unilateral, sin contemplar suficientemente las condiciones económicas y sociales de toda la población.
Torres indicó que una de las principales preocupaciones es que se pretenda generalizar la bancarización de los pagos sin considerar que existen personas que dependen del efectivo no necesariamente porque se encuentren en la informalidad, sino por sus condiciones económicas, ubicación geográfica o falta de acceso a servicios financieros.
Resaltó que cargar gasolina es una necesidad cotidiana para familias de todos los niveles socioeconómicos, por lo que obligarlas a utilizar tarjetas bancarias podría generar gastos adicionales, especialmente por las comisiones que cobran las instituciones financieras por manejo de cuenta, saldos mínimos y otros servicios.
Como ejemplo planteó el caso de una persona que tendría que abrir una cuenta bancaria exclusivamente para pagar combustible, depositar únicamente el dinero necesario para cargar gasolina y mantenerla prácticamente sin recursos durante el resto del mes, situación que podría ocasionarle cargos bancarios adicionales.
En ese sentido, sostuvo que los principales beneficiados con una mayor bancarización podrían terminar siendo los bancos, mientras que los consumidores asumirían los costos de mantener cuentas y utilizar servicios financieros. Recordó que desde el PRI se han impulsado propuestas para regular las comisiones bancarias, al considerar que sus montos representan una carga para los usuarios.
El diputado también advirtió que la legislación deja diversos aspectos de su aplicación a criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuyos lineamientos todavía deberán establecer particularidades sobre la incorporación de nuevas actividades económicas y establecimientos. Explicó que incluso existe la posibilidad de que durante 2028 y 2029 se incorporen nuevos comercios y actividades a este esquema, dependiendo de las disposiciones que emita la autoridad hacendaria, por lo que consideró necesario conocer con claridad las reglas antes de ampliar su aplicación.
Agregó que el propósito de una reforma debe ser generar beneficios reales para la ciudadanía y no quedarse únicamente en buenas intenciones; por ello, consideró necesario que la implementación de la Ley de Economía Digital contemple las condiciones de los consumidores, evite imponer cargas económicas adicionales y garantice que la transición hacia los pagos electrónicos sea gradual y viable.