El magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup, anunció que impulsará una revisión nacional de las sanciones aplicables a adolescentes que cometen homicidios dolosos, al considerar necesario analizar un incremento en las penas sin perder de vista el objetivo de reintegración social que establece la legislación vigente.

Explicó que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes contempla un máximo de cinco años de internamiento para jóvenes de 16 a menos de 18 años en determinados delitos graves, incluido el homicidio calificado, una sanción que, desde su perspectiva, debe ser revisada ante la brutalidad de algunos hechos recientes.

“Sin duda alguna, por el rostro de todas y todos nosotros ahorita en esta conferencia de prensa, pues es poco, ¿verdad?, frente a la atrocidad que se ha cometido”, expresó.

El magistrado señaló que resulta preocupante que adolescentes estén involucrándose en delitos de extrema gravedad, por lo que consideró necesario abrir una discusión sobre la proporcionalidad de las sanciones.

“Creo que las penas tendrían que ser un poquito más fuertes, más severas en relación a esto”, manifestó.

Como ejemplo, hizo referencia al caso de los dos hermanos de 18 años vinculados a proceso por el ataque ocurrido en la Secundaria Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, quienes enfrentan acusaciones por homicidio calificado y tentativa de homicidio, delitos por los que podrían alcanzar hasta 60 años de prisión si se acredita su responsabilidad.

Mery Ayup destacó la diferencia que puede existir entre las consecuencias jurídicas para una persona que está próxima a cumplir la mayoría de edad y otra que ya tiene 18 años.

“Piensa nada más cómo quizá un mes o por un día tú puedes tener una sanción de cinco años o de 60 o de 50 y destruiste tu vida nomás por un mes”, señaló.

No obstante, reconoció que el sistema de justicia para adolescentes responde a principios distintos al de los adultos, principalmente porque busca que quienes cometieron un delito durante su desarrollo puedan recibir tratamiento y reintegrarse a la sociedad.

El magistrado explicó que cualquier modificación tendría que realizarse a nivel nacional, por lo que planteará un estudio de fondo para determinar si las penas deben incrementarse en casos particularmente graves.

“Voy a hacer ese tema de presentar y proponer un estudio a fondo de por qué las penas quizá en adolescentes tendrían que aumentar, sin quitar de vista que estamos obligados a reintegrarlos a la sociedad”, afirmó.

Asimismo, aseguró que los adolescentes actualmente sujetos a procesos penales por delitos graves permanecen bajo las medidas de internamiento correspondientes, mientras se determina su situación jurídica conforme a derecho.

Prevención desde las familias y las escuelas

El presidente del Poder Judicial también destacó que aumentar las sanciones no resolverá por sí solo la problemática, pues consideró necesario atender factores relacionados con la convivencia familiar, el entorno escolar y el consumo de drogas y alcohol.

“La raíz del problema está en la convivencia familiar, está en la escuela, está en el consumo de drogas, está justamente en el consumo de alcohol”, sostuvo.

En este sentido, reconoció las acciones de prevención impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y la señora Liliana Salinas Valdés, encaminadas a atender desde su origen los factores que pueden derivar en conductas violentas.

Finalmente, Mery Ayup reiteró que buscará llevar la discusión al ámbito nacional para analizar posibles reformas que permitan fortalecer las sanciones por homicidios cometidos por adolescentes, manteniendo las garantías legales y los mecanismos de reinserción social establecidos para este sector de la población.