Al señalar que las instituciones deben actuar y aplicar la ley sin distinciones, Lorenzo Menera Sierra, diputado federal suplente y exgerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Piedras Negras, acudió a Saltillo para dar seguimiento a las denuncias interpuestas contra el alcalde Jacobo Rodríguez González, cuyo número, aseguró, llegará a ocho.
Menera Sierra explicó que previamente había presentado seis denuncias, a las que se suma una más, mientras prepara otra acción legal, por lo que consideró que existen suficientes señalamientos para que las autoridades determinen las posibles responsabilidades.
“Van a ser ocho en total, yo creo que hasta ahí le vamos a parar. Si las instituciones hacen su trabajo, creo que ya son suficientes denuncias. Hemos presentado por abuso de autoridad, por ocultar información, por corrupción”, declaró.
Indicó que durante su visita sostuvo una audiencia para conocer los avances de los expedientes, aunque reconoció que todavía no existen resoluciones definitivas. Cuestionó que los ciudadanos tengan que trasladarse constantemente desde Piedras Negras hasta Saltillo, con recursos propios, para solicitar información sobre los procedimientos.
“Venimos a decirles: oigan, ya díganos, ¿van a proceder o no van a proceder? Porque venir desde Piedras Negras hasta Saltillo o mandar abogados para que vean cómo van los expedientes, pues eso requiere gastos”, expresó.
Uno de los principales señalamientos del exfuncionario está relacionado con su separación de la gerencia del SIMAS, procedimiento que considera irregular, al sostener que el organismo es descentralizado y que únicamente su Consejo Directivo tendría facultades para removerlo.
“En ninguna parte, ni en la ley municipal, dice que el alcalde puede sacar al gerente con la policía o por la fuerza, como es mi caso. Yo nada más pido justicia”, manifestó.
Menera Sierra también rechazó que las denuncias respondan a una confrontación personal o partidista con el presidente municipal. Recordó su participación en movimientos de izquierda desde 1988, junto a Cuauhtémoc Cárdenas, y sostuvo que su postura busca defender el Estado de derecho.
“No es nada personal. Desde un principio luchamos por la igualdad en derechos. Ya no se puede hacer lo que se hacía en el 87, 88. Por eso nosotros estamos luchando, porque ya no más corrupción, ya no más autoritarismo”, afirmó.
Asimismo, reveló que el alcalde habría promovido alrededor de tres denuncias en su contra, por lo que pidió que las instituciones investiguen a ambas partes y, en caso de acreditarse la comisión de delitos, se apliquen las sanciones correspondientes.
“Si yo soy un ratero, pues que me encierren; si el alcalde es un ratero, pues también que lo encierren, que lo rehabiliten, que regrese lo que se robó”, expresó al exigir que las acusaciones se sustenten con pruebas.
Finalmente, insistió en que las diferencias dentro del Ayuntamiento deben resolverse conforme a la ley y no mediante decisiones unilaterales, al considerar que ninguna autoridad municipal está por encima de los órganos de gobierno ni de los ciudadanos.
“El pueblo es el jefe, no ellos. Por eso también están nuestras leyes y todos debemos respetarlas. Quien cometa actos de corrupción y se le compruebe tiene que estar en la cárcel”, concluyó.
Las denuncias permanecen sujetas a los procedimientos correspondientes y será la autoridad competente la encargada de determinar si existen elementos para establecer responsabilidades.