La inclusión de empresas distribuidoras de gas, transportistas y constructoras en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encendió las alertas entre especialistas fiscales de la frontera, ante los riesgos legales y financieros que podrían enfrentar comerciantes que mantengan relaciones con estas compañías. Entre las firmas señaladas figura Distribuidora de Gas Económico, cuya posible presencia comercial en Piedras Negras ha generado inquietud, aunque sus operaciones específicas en esta ciudad no han sido confirmadas.
Los señalamientos difundidos a mediados de octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyen a Distribuidora de Gas Económico, Construaceros del Fuerte, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas Nuevo Laredo, empresas vinculadas por las autoridades estadounidenses con una red presuntamente relacionada con operaciones de lavado de dinero y apoyo al Cártel del Noreste. Ante este escenario, asesores fiscales recomendaron extremar precauciones al contratar proveedores de combustibles, transporte y construcción, particularmente aquellos sujetos a restricciones internacionales.
La advertencia adquiere relevancia por la actividad comercial de Piedras Negras, cuya aduana registra una recaudación anual superior a los 13 mil millones de pesos por impuestos y aranceles de importación, de acuerdo con cifras proporcionadas por su titular, Marcos Marín Vázquez. Con una zona de influencia de 23 municipios de Coahuila, operaciones ferroviarias durante las 24 horas y un flujo que puede superar los mil camiones de carga diarios, esta frontera representa un punto estratégico para el intercambio de mercancías entre México y Estados Unidos.
Especialistas señalaron que realizar operaciones con compañías sancionadas puede derivar en revisiones fiscales y financieras, particularmente cuando existan irregularidades en la documentación, el origen de los recursos o la autenticidad de las transacciones. Si bien aparecer en la lista OFAC no implica automáticamente el rechazo de facturas o el congelamiento de cuentas en México, recomendaron verificar los antecedentes de los proveedores y reforzar los controles administrativos para evitar que empresas locales queden expuestas a investigaciones por posibles operaciones ilícitas.