La situación legal y financiera en torno a Altos Hornos de México (AHMSA) sigue sin avances, Héctor Garza, representante legal de un grupo de acreedores, calificó de cuestionable la decisión judicial de otorgar un plazo de 90 días. El abogado señaló que este periodo extraordinario no fue solicitado por los afectados, sino concedido bajo el argumento de que existía la posibilidad de concretar un consorcio mencionado durante las audiencias. En su análisis del proceso mercantil, Garza advirtió que la medida corre el riesgo de convertir el tiempo en un factor en contra, advirtiendo sobre una dinámica de aplazamientos sucesivos de 15 días bajo la expectativa de un acuerdo que podría no materializarse. Ante este escenario, recordó que a acreedores globales como Cargill se les adeudan sumas estimadas entre los 350 y 450 millones de dólares, por lo que mantener el compás de espera por tres meses genera incertidumbre sobre el futuro inmediato de la siderúrgica. El posicionamiento legal coincide con la circulación de comunicados emitidos por actores financieros clave como Cargill y Afirme, los cuales recalcan que los acuerdos de intenciones actuales carecen de carácter vinculante. Los acreedores enfatizan que la falta de certeza jurídica perjudica directamente la estabilidad de la planta y de la cadena productiva regional, prolongando una crisis que afecta de manera directa la economía de la zona centro de Coahuila. Ante este panorama, el litigante lanzó un llamado enérgico para ejercer presión pública sobre el síndico del concurso mercantil, requiriéndole la emisión inmediata de una nueva propuesta y un procedimiento especial de venta. La demanda central radica en abrir el abanico de opciones para que otros postores e inversionistas con solvencia comprobada puedan manifestar su interés real en adquirir la empresa. La crítica principal recae en que, hasta el momento, la sindicatura no ha implementado esquemas alternativos ni ha publicado convocatorias dinámicas que atraigan compradores potenciales ajenos al consorcio actual. Los representantes legales sostienen que la inacción en los mecanismos de enajenación reduce las alternativas de rescate financiero y alarga innecesariamente la agonía operativa de la acerera. De mantenerse la ruta actual sin modificaciones en el esquema de comercialización de los activos, los acreedores advierten que el proceso podría extenderse peligrosamente hasta el próximo 14 de enero sin resultados concretos. Por ello, insistieron en que urge transparentar nuevas opciones de compra o proceder bajo reglas especiales que eviten la dilación y prioricen la recuperación económica de los afectados.