Un grupo de ciudadanos que denuncian haber sido víctimas de un presunto fraude por parte de la financiera ANM Motors realizó una manifestación que derivó en el bloqueo momentáneo del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de las calles Reynosa e Hinojosa, en Saltillo.
Los inconformes decidieron cerrar la circulación vehicular como medida de protesta para exigir atención a sus reclamaciones y la intervención de las autoridades ante presuntas irregularidades e incumplimientos en los contratos celebrados con la empresa.
El bloqueo generó afectaciones temporales a la circulación en una de las principales arterias de la ciudad; sin embargo, minutos después los manifestantes liberaron la vialidad y se trasladaron a las oficinas de la Delegación Región Sureste de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la información proporcionada durante la cobertura, los ciudadanos serían recibidos por el delegado de la Fiscalía, Julio Loera, ante quien buscarían exponer sus casos y solicitar que se investiguen los hechos que consideran constitutivos de un posible fraude.
“En estos momentos se liberó la vialidad y se dirigen a las oficinas de la delegación de la Fiscalía General del Estado, donde los estará atendiendo el delegado Julio Loera”, se informó durante el reporte desde el lugar de los hechos.
Los manifestantes señalan que los presuntos incumplimientos de la financiera les han generado afectaciones, por lo que buscan la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades legales.
La movilización concluyó con la reapertura del bulevar Venustiano Carranza, mientras que los inconformes continuaron sus gestiones ante la Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento, se desconoce el resultado de la reunión con el delegado Julio Loera, así como las acciones legales que pudieran derivarse de las denuncias de los afectados.
Por su parte, no se cuenta con una postura oficial de ANM Motors respecto a las acusaciones. Los señalamientos de presunto fraude deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si se configuró algún delito.