La ONU y las desapariciones forzadas en México Rubén Aguilar Valenzuela El 20 de octubre de 2026, ante la Asamblea General de la ONU, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED), sostuvo que en México existen indicios fundados que la desaparición forzada persiste y se comete como crimen de lesa humanidad. Antes, el 2 de abril de 2026, el Comité emitió una resolución formal donde señalaba que existen indicios bien fundados que las desapariciones forzadas en México se practican de forma generalizada y sistemática. Frente a esta realidad, el presidente del comité, Juan Pablo Albán, aplicó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en el caso de México, un recurso preventivo que se activa ante situaciones de extrema gravedad. El estudio del Comité revisa la evolución del fenómeno de las desapariciones en México desde 2012 hasta 2026, y concluye que es una cifra superior a las 132 000 personas desaparecidas en el país. Cantidad igual a la que reconoce el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), dependencia sectorializada a la Secretaría de Gobernación (Segob), que reporta 132 534 personas en calidad de desparecidas. El Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED), no condena al gobierno de México, y reconoce los esfuerzos y la coordinación institucional de las autoridades mexicanas en la búsqueda de personas, pero también señala que persisten fallas estructurales, crisis forense e impunidad. Ante la realidad de las desapariciones, que no se pueden esconder, y las propias autoridades mexicanas reconocen, el Comité ofrece su apoyo técnico para hacer frente a este problema que tiene dimensiones de tragedia, y afecta a decenas de miles de familias. El Comité propone al gobierno de México, la cooperación internacional en seis campos: búsqueda de personas; investigación; esclarecimiento de la verdad; atención de la crisis forense; protección de las víctimas y sus familias. Ante el señalamiento del Comité de Naciones Unidas, la reacción inmediata del gobierno de México, a través de la presidenta Sheinbaum Pardo, y de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue rechazar el señalamiento del Comité. Las autoridades mexicanas negaron que exista una política de Estado de desaparición forzada, y sostuvo que la mayoría de los casos son perpetrados principalmente por grupos delictivos organizados, aunque reconoció que existen casos con participación de autoridades locales. El problema de los desparecidos persigue, y en 2024 se registraron entre 13,106 y 13,449, y en 2025, el número aumentó en 12% de acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas de la Red Lupa, organización de la sociedad civil que da seguimiento a los desparecidos. Y continúa la búsqueda de la y los desparecidos, no por el gobierno, sino por parte de sus familiares, colectivos de madres y padres, con los que la presidenta de manera sistemática se ha negado a reunirse. El gobierno de México, en una decisión soberana, debería de aceptar el apoyo técnico que le ofrece el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED), podría ayudarle a enfrentar el problema de mejor manera de lo que lo ha hecho hasta ahora.
@RubenAguilar