Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Coahuila reportaron este viernes un paro de labores como parte de una movilización nacional contra el acuerdo emitido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que establece nuevos mecanismos de evaluación para el personal de carrera judicial.

La inconformidad surgió después de que el 5 de noviembre fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que regula las evaluaciones de desempeño, las cuales, de acuerdo con los manifestantes, podrían convertirse en un mecanismo para determinar la permanencia de los trabajadores y poner en riesgo plazas obtenidas mediante procedimientos anteriores.

En Coahuila, personal del Poder Judicial confirmó la convocatoria al paro y expresó su preocupación por las consecuencias del nuevo esquema, al considerar que los criterios de calificación no garantizan plenamente la objetividad.

“Elimina de golpe las bases, y nos somete a evaluaciones totalmente subjetivas”, expresó uno de los trabajadores inconformes, quien aseguró que el movimiento busca defender los derechos laborales del personal operativo.

Los empleados también consideran que el acuerdo contraviene las garantías establecidas en el décimo artículo transitorio de la reforma judicial, relacionado con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores.

Uno de los principales motivos de inconformidad es que el examen de conocimientos representa el 40 por ciento de la evaluación, mientras que el 60 por ciento restante corresponde a otros criterios de desempeño, incluidas valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.

A nivel nacional, las movilizaciones comenzaron desde los primeros minutos de este viernes, con cierres de instalaciones judiciales en la Ciudad de México y suspensiones de actividades en otras entidades. Las convocatorias alcanzan al menos 17 estados.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial aseguró que la evaluación programada para diciembre de 2026 tendrá únicamente carácter diagnóstico y que sus resultados no provocarán despidos ni pérdida de plazas en esta primera etapa.

Sin embargo, los inconformes advierten que el esquema general de evaluación contempla consecuencias laborales futuras, por lo que exigen revisar el acuerdo y establecer garantías para proteger la antigüedad, los nombramientos definitivos y la independencia profesional de los trabajadores.

Las evaluaciones están previstas para los días 4, 8, 14 y 15 de diciembre, dependiendo del cargo que desempeñe cada trabajador.

Hasta el momento no se ha precisado el número de trabajadores ni de sedes judiciales que participan en la suspensión de labores en Coahuila, mientras que el movimiento nacional mantiene su exigencia de abrir un diálogo con las autoridades para revisar las nuevas disposiciones.