Ciudad de México, 27 de octubre de 2026.- La crisis que provocó la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) adquirió una nueva dimensión, luego de que el Órgano Interno de Control (OIC) reveló investigaciones que involucran a 23 personas y 18 empresas por presuntas irregularidades administrativas y contrataciones realizadas en el organismo electoral.

De acuerdo con un informe entregado a la Cámara de Diputados, las indagatorias comprenden 16 expedientes de investigación relacionados con los señalamientos recientes y otros 25 procedimientos derivados de auditorías y revisiones de control en materia de contrataciones públicas.

Entre las personas investigadas se encuentran 15 funcionarios y exfuncionarios del INE, además de ocho particulares, mientras que las investigaciones también alcanzan a 18 empresas que participaron en operaciones comerciales con el instituto.

El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que las revisiones han identificado posibles irregularidades relacionadas con conflictos de interés, simulación en el cumplimiento de requisitos, utilización de documentación presuntamente falsa, deficiencias en la supervisión de contratos y eventuales afectaciones al patrimonio público.

Asimismo, el organismo fiscalizador notificó 45 cédulas de observaciones preliminares, como parte de una auditoría sobre los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios del instituto.

Uno de los aspectos más relevantes del informe es que el Órgano Interno de Control precisó que no tiene atribuciones para revisar o autorizar previamente las contrataciones de personal, en contraste con los argumentos que Guadalupe Taddei había presentado al responder a los señalamientos públicos sobre su administración.

Las revelaciones ocurren apenas un día después de que Taddei formalizara su renuncia ante la Cámara de Diputados, mediante una carta en la que aseguró que su decisión buscaba proteger la estabilidad, credibilidad e independencia del organismo electoral.

La salida de la funcionaria, quien había asumido la presidencia del INE en abril de 2023, abrió además un proceso institucional para determinar quién conducirá temporalmente el Consejo General y cómo se desarrollará la designación de su sustituto.

Sin embargo, el relevo en la presidencia no significa el cierre de las investigaciones, ya que los expedientes administrativos deberán continuar hasta determinar si existen responsabilidades individuales o empresariales.

Los señalamientos han generado nuevas exigencias para esclarecer el manejo de los recursos públicos y revisar la actuación de funcionarios vinculados con las contrataciones cuestionadas.

Por ahora, las investigaciones se encuentran en desarrollo y las presuntas irregularidades deberán acreditarse mediante los procedimientos correspondientes, antes de establecer responsabilidades definitivas.

La crisis representa uno de los episodios más delicados para el INE en los últimos años, al combinar la salida anticipada de su presidenta con una revisión de contratos y procedimientos administrativos que podría prolongarse más allá del relevo institucional.