La renuncia de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) generó cuestionamientos sobre la transparencia y credibilidad del organismo, consideró Salvador José Cano, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Acuña, quien pidió que se realicen las investigaciones correspondientes ante los presuntos actos de corrupción señalados en torno al caso.
El dirigente priista sostuvo que la salida de la funcionaria representa un asunto que debe esclarecerse ante la opinión pública, al considerar que los señalamientos difundidos han generado dudas sobre la actuación de quienes encabezan las instituciones electorales del país. Vinculó sus críticas con presuntas relaciones entre la exconsejera presidenta y personas cercanas al partido Morena, así como con supuestos vínculos familiares con funcionarios públicos.
Respecto a la respuesta institucional ante las investigaciones por presuntos malos manejos, señaló que la renuncia no debería limitarse a la presidencia del organismo, sino que desde su perspectiva, la exfuncionaria también tendría que separarse de su cargo como consejera electoral para facilitar el desarrollo de las investigaciones.
Afirmó que inicialmente, tanto la funcionaria como representantes del Gobierno federal habían descartado la necesidad de una renuncia; sin embargo, consideró que la presión ejercida a través de los medios de comunicación, las redes sociales y los partidos de oposición influyó en el desenlace. Hizo referencia a los señalamientos sobre la relación personal de la exconsejera con un proveedor del organismo electoral y a presuntos gastos relacionados con viajes y hospedaje, calificando estos hechos como cuestionables y consideró necesario que se esclarezca si existieron irregularidades o conflictos de interés.
En cuanto a las repercusiones para los próximos procesos electorales, advirtió que este tipo de controversias puede afectar la confianza ciudadana en el INE, institución que dijo, debe garantizar condiciones de imparcialidad, autonomía y transparencia en la organización de las elecciones. Consideró que el organismo electoral enfrenta el reto de recuperar la confianza pública mediante actuaciones claras y mecanismos que permitan demostrar que sus decisiones se encuentran al margen de intereses partidistas o personales.