Dobleces Fiscalización a sindicatos Israel Mendoza Pérez @imendozape

La clase obrera del país junto con partidos políticos, donatarias, asociaciones religiosas y otras organizaciones sociales sin fines de lucro entraron en pánico y activaron la “operación limpieza”. Este movimiento se centra en las arcas de estas organizaciones, pues a partir del 1 enero de 2027, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), iniciará un programa de fiscalización para verificar si esas entidades reciben dinero fuera de los objetivos para los que fueron creadas y no declaran esos ingresos. La medida forma parte del Paquete Económico y la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, cuyo proceso legislativo ya concluyó y se aplicará a personas morales que tributan bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre los que se encuentran las organizaciones mencionadas. De esta manera, se aprieta el botón anticorrupción en un sector que, hasta el momento, se mantuvo intacto. Y es que, tanto, sindicatos del gobierno, de empresas productivas y particulares deben entrar a un régimen de fiscalización para evitar entrada de dinero procedente del crimen organizado. Sin embargo, al margen de esa medida, trabajadores del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), integrado por 17 mil miembros, piden al gobierno federal su intervención inmediata para que investigue el destino de 600 millones de pesos, producto de cuotas sindicales, y los recursos obtenidos por la venta del patrimonio inmobiliario de los sindicalizados por parte del dirigente espurio de esa agrupación, Alejandro Martínez Araiza. A final de cuentas, lo de Martínez Araiza no es la transparencia ni la rendición de cuentas sobre los recursos de un sindicato al que considera patrimonio personal. Por ello, los integrantes del Congreso del Trabajo y del SNAC consideraron que el desvío de recursos por parte de Martínez Araiza es el caso más importante de malversación de fondos en un sindicato del país. De acuerdo con las versiones internas del SNAC indican que, desde 2019 cuando tomó posesión como secretario general de ese sindicato, Martínez Araiza no ha informado a sus afiliados y a las autoridades laborales, como es su obligación, el monto del patrimonio sindical que incluye dinero en efectivo (generado por cuotas sindicales e inversiones) y bienes inmuebles. Martínez Araiza no ha informado el destino de 600 millones de pesos por cuotas de los trabajadores, más 51 millones de pesos acumulados cada año desde 2019 por venta de productos y servicios por medio de una plataforma digital, además de 11 millones de pesos por la venta de un inmueble del SNAC. De acuerdo con la ley, Martínez Araiza puede recibir del CFCRL la anulación de actos y reposición de asambleas, ya que él se autorreeligió en una asamblea ilegal en abril de 2025, mientras que, por la vía penal, puede ser objeto de sanciones por administración fraudulenta del sindicato. En este caso, la ley prevé que deberá enterarse a la hacienda pública todo ingreso personal, pero esto no lo cumple Martínez Araiza, por lo cual los trabajadores sostienen que el SAT puede iniciar una auditoría en el SNAC, incluso antes de que concluya este año.