El Tec tiene razón. ¿Y los demás? Por Emiliano Calvert
En Saltillo hay dos cosas capaces de desesperar a cualquiera: quedarse atorado en Venustiano Carranza y escuchar un “ahorita lo checamos” que nunca llega. Esta semana, las dos se encontraron frente al Tecnológico de Saltillo. Desde el 27 de octubre, estudiantes del movimiento Burros Pardos mantienen una protesta que terminó cerrando una de las avenidas más importantes de nuestra ciudad. Su intención es exigir una “educación digna”. Confieso que, de entrada, la frase me pareció extrema para ciertas exigencias. Porque uno escucha educación digna y piensa en calidad académica, mejores maestros o planes de estudio. Pero después de revisar su pliego petitorio, entendí que el problema va más allá. Son nueve puntos que incluyen mejores instalaciones, transparencia financiera, protocolos de género, garantías contra represalias e investigaciones por presunto acoso. Y aquí hay que reconocer algo: los estudiantes tienen derecho a exigir condiciones adecuadas, seguridad y claridad sobre el manejo de los recursos. Las denuncias deben investigarse, sin encubrir responsables, pero tampoco condenando anticipadamente a nadie. Además, los manifestantes aseguran que existen compromisos pendientes desde 2023. Si es así, también vale preguntarnos por qué tuvieron que pasar tres años para volver a sentarse a negociar. Hasta ahí, entiendo perfectamente su postura. Pero hay otra cara de esta moneda. Venustiano Carranza no es el estacionamiento del Tec. Es una arteria de nuestra ciudad. Organismos empresariales reportaron caídas de hasta el 30% en las ventas de algunos comercios afectados por el bloqueo. Y no hablamos solamente de empresarios. Hablamos del mesero que depende de sus propinas, del taxista que pierde tiempo entre desviaciones y del pequeño comerciante que necesita vender para pagar el chivo de la semana. Personas que no participaron en el conflicto, pero terminaron pagando parte de sus consecuencias. Ahora pensemos en quienes más me preocupan: los propios estudiantes. El Tecnológico de Saltillo tiene 7,511 alumnos. Su dirección advirtió que, de continuar las condiciones actuales, no puede garantizar evaluaciones, proyectos académicos ni graduaciones en las fechas previstas. No significa que hayan perdido el semestre, pero el riesgo existe. Y aquí quiero detenerme. Saltillo recibe estudiantes de Piedras Negras, Monclova, Sabinas, Parras y muchos otros municipios. Jóvenes cuyos padres hacen esfuerzos enormes para pagarles renta, alimentación y transporte. Imagínense a una familia que lleva años haciendo sacrificios para que su hijo termine una ingeniería y que ahora enfrenta la incertidumbre de una posible extensión del semestre. Porque cuando se retrasa un calendario académico, también puede alargarse la cuenta de quienes mantienen a esos estudiantes. El viernes 30 de octubre, un diario local reportó que quedaban alrededor de veinte jóvenes sosteniendo físicamente el plantón. Que sean pocos no les quita razón, pero tampoco podemos olvidar a los miles de compañeros afectados. Afortunadamente, hay señales de diálogo. El domingo se recibió formalmente el nuevo pliego y se convocaron mesas de negociación para el 2 y 3 de noviembre. ¿Y si encontramos una solución donde nadie tenga que perder para que alguien gane? Los estudiantes necesitan respuestas, no promesas. Los comerciantes necesitan trabajar, no disculpas. Y los universitarios necesitan estudiar, no vivir con incertidumbre. Al final, una universidad no solamente forma ingenieros o profesionistas. También forma ciudadanos capaces de dialogar, negociar y respetar a quienes piensan diferente. Ojalá que este conflicto termine convirtiéndose en una de las lecciones más importantes que pueda ofrecer el Tecnológico de Saltillo. Una que difícilmente se aprende en los salones: entender que tener la razón no siempre significa tener toda la razón, y que defender nuestros derechos también implica reconocer los de quienes nos rodean. Porque una causa puede ser legítima y, aun así, sus métodos merecer cuestionarse. De la misma manera, una autoridad puede estar dispuesta al diálogo, pero si sus compromisos no se traducen en resultados, las palabras terminan perdiendo valor. La verdadera madurez de una sociedad no se demuestra cuando todos pensamos igual, sino cuando somos capaces de encontrar soluciones incluso teniendo intereses distintos. Y creo esa sea la reflexión más importante de todo esto: No se trata de decidir quién tiene más derecho a ser escuchado, sino de demostrar que podemos escuchar a unos sin dejar de atender a los demás. Al final, una sociedad verdaderamente educada no es aquella donde nadie protesta, sino aquella donde no hace falta perjudicar a terceros para conseguir que las autoridades escuchen.