El conflicto agrario entre ejidatarios de Tanque Nuevo y la empresa Beta Santa Mónica, relacionado con la posesión de tierras y el aprovechamiento del agua, continúa sin una resolución definitiva después de más de dos décadas de disputa legal.

Así lo informó Héctor Cobas, secretario del Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas, quien explicó que el Gobierno Municipal ha intervenido para facilitar el diálogo y evitar que la inconformidad escale.

De acuerdo con el funcionario, los ejidatarios acudieron ante el alcalde Víctor Manuel Leija Vega para solicitar apoyo en un asunto que actualmente se encuentra en manos de las instancias judiciales. Tras conocer los antecedentes, la administración municipal determinó que no le corresponde resolver el fondo del conflicto, aunque sí puede fungir como intermediaria para acercar a las partes con las dependencias competentes.

Cobas explicó que, como parte de las primeras gestiones, el alcalde promovió una reunión con representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Registro Agrario Nacional (RAN), con el propósito de aclarar dudas sobre los procedimientos y documentos que forman parte de la controversia. Precisó que dicho encuentro se realizó aproximadamente un mes atrás.

En el centro de la disputa se encuentran las diferencias sobre la superficie de tierra que habría sido vendida a particulares, así como los derechos relacionados con el uso del agua. Mientras los ejidatarios sostienen que únicamente se vendieron cinco hectáreas por cada integrante, consideran que la empresa ocupa una extensión mayor a la acordada.

A ello se suman señalamientos sobre posibles irregularidades en actas y documentos, incluidos presuntos procedimientos de desincorporación de tierras de uso común que, según los inconformes, no habrían sido debidamente autorizados por la asamblea ejidal. El secretario aclaró que no corresponde al municipio validar la documentación ni determinar la veracidad de las acusaciones, pues esa responsabilidad recae en las autoridades agrarias y judiciales.

“Por los documentos que anteponen cada quien, pues dentro de sus documentos los dos tienen razón, pero quien debe de decidir al final son los tribunales”, expresó Cobas, al subrayar que será la autoridad competente la que determine la legalidad de los procedimientos y los derechos que corresponden a cada parte.

Protesta y liberación del camino

Ante la falta de una resolución, los ejidatarios decidieron cerrar el camino de acceso a Beta Santa Mónica, por el lado del Ejido Santa Teresa, como medida de presión para exigir atención a sus demandas.

Frente a este escenario, el alcalde solicitó apoyo a través del secretario de Gobierno para gestionar la intervención de representantes estatales y facilitar el acercamiento con las dependencias responsables de atender el caso.

Cobas destacó que la participación municipal se ha limitado a labores de mediación, conciliación y preservación del orden público. Señaló que, pese a la inconformidad de los manifestantes, estos mantuvieron una protesta pacífica.

Posteriormente, el alcalde sostuvo una reunión con los ejidatarios para exhortarlos a no prolongar su permanencia en el lugar y evitar que se expusieran a las condiciones climáticas, además de buscar alternativas para continuar sus gestiones por la vía institucional.

Como resultado del diálogo, los inconformes aceptaron retirarse y permitir nuevamente el libre acceso por los caminos relacionados con la empresa.

El funcionario reconoció la disposición de los participantes para alcanzar este acuerdo y destacó la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación mientras avanza el proceso legal.

Decisión judicial, sin fecha definida

Sobre el número de personas afectadas, Cobas indicó que los propios ejidatarios han mencionado entre 60 y 70 familias, aunque también refirió que durante las manifestaciones se habló de una posible participación más amplia, con habitantes del Ejido Santa Teresa y otros sectores.

En cuanto a los tiempos para resolver la controversia, explicó que no existe una fecha definida para que los tribunales emitan un fallo, ya que las resoluciones pueden ser objeto de revisiones y otros recursos legales que prolongan los procedimientos.

El secretario recordó que, en una etapa anterior, los ejidatarios manifestaron inconformidades contra CONAGUA. Sin embargo, después de la reunión con personal de la dependencia, dijo, quedó más claro que parte de la controversia debe atenderse en otras instancias.

Según la explicación que recibieron de CONAGUA, algunas de sus actuaciones han estado condicionadas por resoluciones judiciales y amparos promovidos por las partes, por lo que la dependencia debe actuar conforme a lo determinado por los jueces.

Además, los ejidatarios han planteado la posibilidad de emprender acciones legales, incluso de carácter penal, contra antiguos representantes del propio núcleo agrario, a quienes señalan por presuntamente haber firmado documentos sin la autorización correspondiente. Cobas puntualizó que esos señalamientos forman parte de una controversia que también deberá seguir sus propios cauces legales.

Finalmente, el funcionario reiteró que el Ayuntamiento continuará acompañando a los inconformes en las gestiones que estén dentro de sus atribuciones, con el objetivo de mantener la gobernabilidad y evitar nuevas confrontaciones, mientras las autoridades competentes determinan si los procedimientos realizados fueron legales y quién tiene la razón en el conflicto entre el Ejido Tanque Nuevo y Beta Santa Mónica.