Sólo se judicializa 9.6% de carpetas de investigación

De las 140 mil 352 carpetas de investigación que se tramitaron en nueve meses, sólo 9.69 por ciento se judicializó, el resto se determinó, principalmente, por el no ejercicio de la acción penal, se declaró la incompetencia, fueron enviadas al archivo temporal o simplemente no se atendieron.

En el Sexto Informe de Gobierno se explicó brevemente, en un párrafo, cuál fue el desarrollo de la aplicación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio entre septiembre de 2017 y junio de 2018, periodo cuando no se procedió a judicializar las carpetas por diversos motivos.

La actuación ministerial depende del Informe Policial Homologado y la cadena de custodia realizada por el primer respondiente, que comúnmente es un agente de la policía, y como se ha dicho por las propias autoridades, es donde se han detectado los errores del sistema, lo que impide la adecuada investigación de un caso.

También el sistema adversarial fue creado para judicializar el menor número de carpetas, privilegiar la presunción de inocencia y lograr acuerdos reparatorios en favor de las víctimas.

Hasta junio de 2018, del gran total, 39 mil carpetas (27.78 por ciento) aún no se atendían, por lo que no se estableció en qué sentido se resolverían, aunque dicho dato no obra en el informe, éste responde a la sumatoria realizada de los casos determinados.

De esta manera, de septiembre de 2017 a junio de 2018 se tramitaron ante autoridades federales 140 mil 352 carpetas de investigación; de ellas se atendieron 101 mil 352, lo cual representa 72.21 por ciento, mientras que 27.79 por ciento estaban pendientes, según el documento.

De las carpetas resueltas (101 mil 352), 13.42 por ciento, es decir, 13 mil 602, fueron judicializadas. En el último informe del presidente Enrique Peña Nieto obra que en 8 mil 699 asuntos se consignó sin detenido y en 4 mil 903 sin indiciado.

Asimismo, en 38 mil 937 (38.41 por ciento) se determinó el no ejercicio de la acción penal, pues no había elementos para proceder en las investigaciones o material probatorio en contra del probable responsable; en 7 mil 399 casos se decretó la incompetencia externa e interna, ya que el órgano que recibió la carpeta no tenía atribuciones para realizar pesquisas.

En 32 mil 336 casos se envió al archivo temporal, no se ha avanzado en las investigaciones por diversos motivos, aunque no se ha cerrado el tema; en 6 mil 781 asuntos la autoridad ministerial se abstuvo de investigar, en mil 217 se decretó la acumulación, en 673 se resolvió por acuerdo reparatorio y en 407 se aplicó algún criterio de oportunidad en favor del detenido, con la anuencia de la víctima.

Cabe recordar que la organización civil México Evalúa, en su informe Hallazgos 2017, explicó que el año pasado se iniciaron 94 mil 356 carpetas de investigación, de las que sólo procedió “0.24 por ciento, que deriva en juicio oral, mientras que el resto se resuelve por otras vías o se encuentran pendientes de determinación en la Procuraduría General de la República o en trámite en el Poder Judicial de la Federación”, es decir, sólo en 226 asuntos se llegó hasta la etapa de un juicio oral.

Y sólo 6 por ciento del total de los delitos reportados en 2017 están llegando al sistema penal acusatorio; de ellos, la mitad se envía a la reserva temporal, dice el informe Hallazgos.

Respecto a los tipos de delitos más frecuentes, los que presentan una mayor concentración, son los patrimoniales, con 38.18 por ciento, seguidos de los hechos ilícitos relacionados con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos 14.24 por ciento, y de los delitos considerados en leyes de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros 8.43 por ciento.

Para México Evalúa esto significa la ausencia de una estrategia y planeación integral a nivel nacional que se traduzca en una política pública efectiva, lo cual ha derivado en el estancamiento del sistema, esto es, “la institucionalización de la impunidad”.