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Jueves 21 de Noviembre 2024
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Al menos 622 mil 170 jóvenes indocumentados nacidos en México serían afectados si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, formaliza mañana martes la terminación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
Los mexicanos representan el 79 por ciento de los 787 mil 580 beneficiarios de DACA, conocidos aquí como “dreamers” o “soñadores”, que ya fueron aprobados por el gobierno federal hasta el 31 de marzo, de acuerdo con cifras de la Oficina de Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS).
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Los inmigrantes de El Salvador ocupan la posición dos en el número de beneficiarios aprobados, con 30 mil 262, seguidos de Guatemala con 19 mil 466; Honduras con 18 mil 261, Perú con nueve mil 066, Corea del Sur con site mil 250, Brasil con siete mil 542, Ecuador con seis mil 696 y Colombia con seis mil 591 entre otros.
La mayoría de los beneficiarios aprobados bajo DACA, iniciado por el presidente Barack Obama en junio de 2012, residen en cinco estados, California con 202 mil 200, Texas con 110 mil 050 y Nueva York con 53 mil 983, Florida con 41 mil 526 e Illinois con 37 mil 030 dreamers.
Aunque la abrumadora mayoría de beneficiarios son de origen latino, en algunos estados existen “dreamers” procedentes de países como Paquistán, Polonia, India, Guyana y Filipinas.
Para calificar bajo DACA se requiere haber llegado a Estados Unidos antes de haber cumplido 16 años, haber vivido de manera continua en el país desde el 15 de junio de 2007 y haber tenido menos de 31 años para el 15 de junio de 2012.
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Los beneficiarios debieron también haber estado físicamente e indocumentados en el país antes del 12 de junio de 2012, así como al momento de hacer la petición al USCIS, estar en la escuela y no haber sido convicto por un delito grave o tres delitos menores.
El costo de la solicitud de DACA es de 495 dólares por persona y los permisos para salir por motivos familiares, médicos, educativos o laborales (pero no por vacaciones) tienen un costo de 575 dólares.
Los beneficiarios que califican para obtener permisos válidos de trabajo pueden renovar el estatus cada dos años.
En noviembre de 2014, el presidente Obama anunció un programa de DACA para beneficiar a más de 300 mil indocumentados adicionales eliminando el límite de edad de 31 años y las fechas de estadía en el país.
Obama anunció asimismo una versión para adultos, DAPA, a fin de beneficiar a más de cuatro millones de adultos indocumentados con hijos ciudadanos estadunidenses o residentes legales permanentes.
Sin embargo, tanto la ampliación de DACA como DAPA fueron bloqueadas en una corte federal de Texas y en una Corte de Apelaciones luego que su legalidad fue disputada por 26 estados estadunidenses.
En junio pasado la administración del presidente Donald Trump decidió mantener “en efecto” aunque temporalmente el programa DACA, a pesar de que había prometido deportarlos inicialmente durante su campaña presidencial y después aceptó darles una solución humanitaria.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que los beneficiarios del DACA de 2012 podrían tramitar una extensión de dos años a partir de su expiración.
Tampoco fueron afectados los “dreamers” que obtuvieron permisos de trabajo por un lapso de tres años antes de la intervención de una corte distrital en el caso.
No obstante, el DHS decidió rescindir la ampliación de DACA y su versión para adultos, DAPA.
La cifra actual de beneficiarios del DACA corresponde a aquellos que renovaron los permisos iniciales de tres años y los subsecuentes de dos años, menos aquellos que fueron rechazados por no cumplir los requisitos o por haber perdido DACA debido a razones legales.
Se estima que más de mil 500 jóvenes han perdido los beneficios de DACA por pertenecer a pandillas o haber cometido un delito mayor o tres menores durante el periodo de protección del programa.
En abril pasado, dos senadores, el republicano Lindsey Graham y el demócrata Dick Durbin, presentaron la iniciativa de Ley Bridge, a fin de que los “dreamers” obtengan “presencia provisional protegida” y permisos laborales por un periodo de tres años.
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A diferencia de la Dream Act, que fue rechazada en el Congreso en 2011 y no ha vuelto a ser reintroducida, la Bridge Act no ofrece un camino a la ciudadanía estadunidense.
Una legislación espejo a la Ley Bridge fue presentada en la Cámara de Representantes por el republicano de Colorado, Mike Coffman y patrocinada por siete colegas, pero hasta el momento no ha avanzado.
Pero las filtraciones sobre la terminación de DACA llevaron al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Wisconsin, Paul Ryan, a declarar que el Congreso tiene la responsabilidad de lidiar con la situación de los dreamers.
Se estima que una coalición de demócratas y republicanos moderados podría aprobar la Ley Bridge, en momentos que encuestas muestran que más de seis de cada 10 estadunidenses apoyan una solución humanitaria para los soñadores.
