PRI y Verde “descafeinaron” la Ley 3 de 3 en el Senado

VÍCTOR MAYÉN

Las bancadas del PRI y el Partido Verde, junto con organizaciones de la sociedad civil, “descafeinaron” la Ley 3 de 3, al proponer que sea obligatoria la publicación de la declaración patrimonial, no así los montos y detalles de los bienes de los servidores públicos.

En el documento que entregaron al bloque PAN-PRD, estos partidos proponen en el apartado de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el artículo 29, que “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”.

Sin embargo, si sugieren que los servidores públicos están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial. La versión pública de la declaración patrimonial contendrá los siguientes campos:

Datos Generales

Monto de los ingresos netos mensuales por el cargo público que desempeña.

Declarar si percibe otros ingresos distintos a la prestación del servicio público y su naturaleza.

Señalar si el monto al que ascienden dichos ingresos es mayor al de los ingresos que percibe como servidor público.

Listado de bienes inmuebles de los que es propietario, país, entidad federativa, municipio o demarcación territorial donde se encuentren y el año en que los adquirió.

El listado de vehículos de su propiedad.

El listado de inversiones y cuentas bancarias que posee.

El listado de créditos bancarios y no bancarios.

El listado de créditos hipotecarios de los que sea acreditado.

También, en el artículo 29 se específica que “el servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información”.

Por lo que respecta a la declaración de intereses, estos partidos y la sociedad civil, plantean que ésta se presente bajo protesta de decir verdad ante la Secretaría de la Función Pública o su respectivo órgano interno de control, que deberán verificar su veracidad.

Las organizaciones de la sociedad civil y los senadores del PRI-Partido Verde, sugieren que las faltas graves por delitos de corrupción, prescriban en un periodo de 7 años.

Además, el documento sólo contiene opiniones, observaciones y sugerencias sobre cinco de las siete leyes que regularán al Sistema Nacional Anticorrupción.

JCS/OPB